El Gobierno nacional oficializó este miércoles, mediante el Decreto 647/2025, el veto total a la Ley 27.795, sancionada por el Congreso el pasado 21 de agosto. La norma, conocida como Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, proponía un esquema integral de sostenimiento para las universidades públicas, contemplando aumentos salariales, actualización de partidas presupuestarias, refuerzo en becas estudiantiles e inversión en infraestructura y programas de investigación.
El veto, que ya fue comunicado a ambas cámaras del Congreso, fue publicado en una edición suplementaria del Boletín Oficial, pese a que se esperaba su difusión en las primeras horas del jueves. En el texto, el Ejecutivo fundamenta su decisión alegando que la norma implicaba un gasto adicional de más de \$1,06 billones en 2025 y más de \$2 billones en 2026, sin contar con fuentes de financiamiento concretas, actuales y suficientes.
“La economía tiene reglas claras y la primera de ellas es que no se puede gastar más de lo que ingresa”, señala el decreto firmado por el presidente Javier Milei y sus ministros. Desde la Casa Rosada advierten que aprobar la ley significaría “incrementar de manera desproporcionada el gasto público sin recursos genuinos”, lo cual obligaría a financiarlo con emisión monetaria y tendría impacto inflacionario.
Una norma con amplio respaldo legislativo
La ley había sido impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y contó con un amplio respaldo legislativo: fue aprobada en el Senado con 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, en un inusual acuerdo entre bloques opositores dialoguistas y sectores del kirchnerismo. Entre sus principales puntos, proponía:
- Elevar el presupuesto universitario al 1% del PBI.
- Establecer actualizaciones bimestrales del presupuesto por inflación.
- Recomponer los salarios docentes y no docentes desde diciembre de 2023.
- Transformar en remunerativas y bonificables todas las sumas adicionales.
- Fortalecer becas, carreras estratégicas y actividades de investigación, ciencia y técnica.
- Someter a las universidades al control de la Auditoría General de la Nación.
La decisión del Ejecutivo no solo reaviva el conflicto con el sistema universitario público, que desde comienzos de año reclama mayor financiamiento, sino que también podría escalar políticamente. Con la devolución del proyecto al Congreso, la oposición tiene ahora la posibilidad de insistir con la sanción por mayoría especial, abriendo un nuevo frente de disputa institucional.
Prioridad fiscal y mensaje político
Desde el oficialismo remarcan que el veto es un ejercicio legítimo de la facultad presidencial prevista en el artículo 83 de la Constitución Nacional. En los considerandos del decreto, el Gobierno asegura que se mantendrá el debate sobre el financiamiento universitario dentro del marco del Presupuesto 2026, que será enviado al Congreso el próximo 15 de septiembre.
Mientras tanto, distintos sectores universitarios ya anticipan la continuidad del plan de lucha nacional, en un contexto de ajuste y tensión creciente con el Ejecutivo. La decisión de Milei ratifica así su prioridad absoluta por el equilibrio fiscal, incluso frente a un área considerada estratégica y de alto impacto social como es la educación superior.
