El organismo recordó que está facultado para iniciar acciones legales y ejecuciones judiciales contra los adjudicatarios que no cumplan con sus pagos. Los fondos recuperados se destinan íntegramente a nuevos programas habitacionales.
Con el objetivo de sanear su cartera de créditos y garantizar la sostenibilidad del sistema, el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) recordó la plena vigencia de la Ley 2821-K. Esta normativa faculta al organismo a emitir el Certificado de Deuda, un instrumento legal que permite iniciar el cobro ejecutivo de cuotas vencidas e impagas.
La medida busca que el organismo pueda avanzar judicialmente ante el incumplimiento de las obligaciones contractuales de los adjudicatarios, aunque desde el Instituto señalaron que la intención primordial es invitar a las familias a regularizar su situación antes de llegar a la instancia de juicio.
Un sistema solidario en riesgo
Desde el IPDUV remarcaron que el pago de la cuota no es solo una obligación legal, sino un acto de solidaridad social. El sistema habitacional del Chaco funciona bajo un esquema de reinversión: los fondos recaudados por las cuotas de quienes ya tienen su casa se utilizan directamente para financiar la construcción de nuevas viviendas.
«Cada cuota abonada contribuye a sostener el sistema, beneficiando a quienes aún esperan la oportunidad de cumplir el sueño de la casa propia», explicaron desde el organismo.
Consecuencias del incumplimiento
El Instituto fue enfático respecto a las potestades que le otorga la legislación actual en caso de mora prolongada. Entre las medidas que puede adoptar el organismo se encuentran:
- Emisión de Certificados de Deuda: Para el inicio de acciones legales de cobro ejecutivo.
- Desadjudicación: La pérdida del crédito y de la financiación pactada originalmente.
- Recupero de la unidad: En casos extremos, el organismo puede avanzar sobre la titularidad del inmueble ante la falta de pago persistente.
Canales de regularización
Para evitar las acciones judiciales, el IPDUV mantiene abiertos sus canales de atención para que los adjudicatarios consulten sus estados de cuenta y accedan a planes de facilidades. El cumplimiento responsable es la única vía para garantizar la seguridad jurídica sobre la vivienda y permitir que el plan de soluciones habitacionales continúe llegando a más localidades de la provincia.
