La decimotercera y última audiencia del año en el juicio por los escritos de Oscar Centeno estuvo marcada no solo por el inicio de la lectura del requerimiento de elevación a juicio, sino también por la discusión en torno a la organización de las audiencias que se retomarán en febrero, una vez finalizada la feria judicial de verano.
Antes de que comenzara la exposición del requerimiento fiscal, las defensas de Cristina Fernández de Kirchner y del exministro de Planificación Federal Julio De Vido solicitaron a los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero un mayor tiempo para presentar sus planteos preliminares. El reclamo surgió luego de que el tribunal notificara el cronograma previsto para febrero, en el que se estableció un límite de 45 minutos para la exposición de cada defensa.
Pese al pedido, el tribunal resolvió mantener el esquema previsto y ratificó que las presentaciones deberán ajustarse a ese tiempo, con el objetivo de ordenar el debate y avanzar en una etapa clave del proceso, donde se analizarán nulidades, objeciones probatorias y otros planteos preliminares, según consignaron medios nacionales.
Durante la audiencia se dio inicio a la lectura del requerimiento de elevación a juicio del tramo “Corredores Viales”, cuya acusación alcanza a diez personas y no incluye a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En su exposición, el fiscal Carlos Stornelli sostuvo que los hechos investigados se inscriben en el marco de una asociación ilícita que habría operado entre 2003 y 2015, con el objetivo de organizar un sistema de recaudación de fondos ilegales mediante el pago de coimas.
Según la imputación fiscal, la estructura delictiva habría tenido como finalidad el enriquecimiento ilícito de funcionarios y la utilización de parte de esos fondos para la comisión de otros delitos.
En ese contexto, se detalló el rol atribuido a Julio De Vido, a quien se le imputan varios hechos de cohecho pasivo, en calidad de coautor, vinculados a los corredores viales 1, 2, 3 y 4. De acuerdo con la acusación, los pagos habrían sido canalizados a través del entonces titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), Claudio Uberti, señalado como el funcionario encargado de exigir y recibir los sobornos y a quien se le atribuyen seis hechos de cohecho pasivo.
A lo largo de más de cuatro horas de audiencia, se describió una mecánica reiterada de pagos ilegales realizados por empresas concesionarias a cambio de mantener contratos, evitar sanciones y asegurar el flujo de fondos provenientes de fideicomisos estatales. En ese esquema, Uberti habría tenido un papel central durante su gestión al frente del organismo de control.
La acusación también detalló la participación de diversos empresarios y directivos de empresas concesionarias, entre ellos Miguel Marcelino Aznar, vinculado a los corredores viales 3 y 6; Patricio Gerbi y Marcela Edith Sztenberg, de las firmas COARCO y EQUIMAC, concesionarias del corredor vial 1; Obdulio Ángel Barbeito, gerente general de HOMAQ, concesionaria del corredor vial 2; Juan Manuel Collazo y Juan Marcos Perona, relacionados con la concesión del corredor vial 4; y Marcelo Marcuzzi, vinculado al corredor vial 5. Según la fiscalía, los pagos se realizaban de manera periódica, en efectivo y bajo presión, con montos variables según el corredor y la etapa de la concesión.
Tras un breve cuarto intermedio, la audiencia continuó con la exposición de la acusación de la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante. El organismo sostuvo que está acreditada la existencia de una organización criminal que operó desde las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y desde el ex Ministerio de Planificación Federal, mediante un mecanismo sistemático de recaudación de dinero ilegal.
La UIF afirmó que el esquema se sostuvo gracias a la participación coordinada de funcionarios públicos y empresarios que, durante años, habrían realizado pagos ilegales a cambio de beneficios. Además, señaló que la investigación permitió identificar distintos sistemas de recaudación paralelos —obra pública, concesiones viales, energía y transporte— bajo una misma lógica de corrupción estructural.
También se destacó el valor probatorio de las declaraciones de los imputados colaboradores, que permitieron reconstruir el circuito de pagos, las exigencias formuladas por funcionarios y el destino de los fondos, cuyo objetivo habría sido mantener concesiones, asegurar recursos de fideicomisos estatales y evitar sanciones administrativas.
Por otra parte, se leyeron los descargos de los imputados. En el caso de De Vido, negó los hechos y rechazó haber integrado o coordinado una asociación ilícita desde su función pública. Otros acusados ratificaron declaraciones previas, mientras que varios empresarios aseguraron haber actuado bajo amenazas y extorsiones por parte de funcionarios.
Finalmente, sin hacer referencia a la habilitación de la feria judicial, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el 3 de febrero de 2026, dando por concluida la actividad del debate por este año. Para la reanudación del proceso está previsto el tratamiento de las cuestiones preliminares, bajo el esquema de tiempo fijado por el TOF 7.
