El Senado de la Nación debatirá este jueves en sesión ordinaria el proyecto de propiedad privada impulsado por el Gobierno nacional, una iniciativa que introduce profundas modificaciones en materia de compra de tierras rurales por extranjeros, desalojos, expropiaciones y manejo del fuego.
Según fuentes parlamentarias, el texto que llegará al recinto incorpora cambios sustanciales respecto de la propuesta original elaborada por el Poder Ejecutivo, especialmente en lo referido a la eliminación de restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de inversores extranjeros.
La iniciativa, que debía tratarse inicialmente el pasado 3 de junio, fue postergada debido a desacuerdos entre los bloques sobre el capítulo relacionado con la extranjerización de tierras. Durante las negociaciones, se avanzó en una serie de modificaciones destinadas a establecer mayores controles sobre estas operaciones.
Evalúan límites a la compra de tierras por extranjeros
Uno de los puntos centrales del debate será la posibilidad de fijar un tope a la cantidad de kilómetros o hectáreas que una empresa extranjera podrá adquirir en territorio argentino.
Además, el proyecto establece que las provincias deberán autorizar las ventas de tierras a inversores extranjeros cuando no exista participación de un Estado extranjero en la operación. En los casos donde intervengan gobiernos extranjeros o entidades vinculadas a ellos, se analiza exigir la aprobación conjunta de las provincias, el Gobierno nacional y el Congreso.
El texto también prohíbe expresamente la compra de tierras por parte de Estados extranjeros, empresas con participación estatal extranjera o fondos fiduciarios integrados mayoritariamente por recursos provenientes de gobiernos de otros países.
La propuesta reafirma, además, que cada provincia mantendrá plena jurisdicción sobre el territorio comprendido dentro de sus límites, en línea con lo establecido por la Constitución Nacional.
Desalojos: procedimiento abreviado para usurpaciones
Otro de los capítulos reformados es el referido a los desalojos. El proyecto establece un procedimiento de desalojo exprés exclusivamente para los casos de inmuebles usurpados, mientras que para el resto de las situaciones se mantendrán los plazos actualmente vigentes.
La iniciativa fija un plazo de diez días para intimar el pago de alquileres adeudados, mediante una notificación fehaciente dirigida al domicilio declarado por el locatario, ya sea físico o electrónico.
La comunicación será considerada válida incluso si el inquilino se niega a recibirla o si no puede concretarse por causas atribuibles al propio locatario. Ante la falta de cumplimiento, el propietario podrá iniciar una acción judicial de desalojo, que deberá tramitarse por el procedimiento más breve previsto por la ley, con un plazo estimado de diez días hábiles.
Cambios en el régimen de expropiaciones
En materia de expropiaciones, el dictamen establece que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva y contar con una fundamentación clara por parte del Estado.
Asimismo, se incorporó un límite del 30% para las indemnizaciones por lucro cesante, una modificación respecto del proyecto original, que no contemplaba ningún tope.
También se definió que los intereses correspondientes a las compensaciones deberán calcularse tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más la tasa del Banco Nación para depósitos a treinta días.
Modificaciones a la ley de manejo del fuego
El proyecto también introduce cambios en la normativa sobre manejo del fuego. En ese sentido, propone derogar el artículo que impedía durante 30 años modificar el uso de superficies incendiadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas.
Para los bosques nativos, en cambio, se mantendrá la prohibición de cambiar el uso o destino de las tierras afectadas por incendios, aunque se elimina el plazo de 60 años que había sido incorporado por una ley impulsada durante la gestión anterior.
Un proyecto con cambios respecto de la versión original
La iniciativa, diseñada originalmente por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sufrió importantes modificaciones durante su tratamiento legislativo.
Entre los cambios más relevantes se destaca la eliminación completa del capítulo referido a la ley de barrios populares, mientras que fueron reformulados los apartados vinculados a la extranjerización de tierras, expropiaciones, desalojos y manejo del fuego.
Con estos cambios, el oficialismo buscará alcanzar consensos para avanzar con una de las reformas más sensibles del paquete de medidas vinculadas al régimen de propiedad privada y uso de la tierra en Argentina.
