La solicitud busca que los involucrados asuman los costos del operativo policial desplegado durante los días de debate en la Cámara de Diputados.
El Ministerio de Seguridad de Argentina, encabezado por Patricia Bullrich, presentó un pedido de medida cautelar ante la Justicia para embargar los bienes de los manifestantes responsables de los disturbios en los alrededores del Congreso durante las protestas relacionadas con la Ley Ómnibus. La solicitud busca que los involucrados asuman los costos del operativo policial desplegado durante los días de debate en la Cámara de Diputados.
El pedido, dirigido a la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 17 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destaca que los manifestantes deben hacerse cargo de los gastos del operativo y de la atención médica de los efectivos de seguridad lesionados durante los enfrentamientos.
Según el Ministerio de Seguridad, los gastos totales del Estado por los operativos ascienden a $134.486.038,08, incluyendo salarios de efectivos, combustible de vehículos y recursos utilizados por las fuerzas de seguridad. La Gendarmería demandó $55.489.310,44; la Prefectura Naval Argentina, $45.981.438,12; la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), $555.289,52; y la Policía Federal Argentina, $32.460.000.
El Gobierno sostiene que la intervención de las fuerzas de seguridad fue necesaria para preservar el correcto funcionamiento del Congreso y proteger a los diputados y funcionarios durante los disturbios ocurridos entre el 31 de enero y el 2 de febrero.
Esta medida se suma a anteriores reclamaciones del Gobierno, que exigió a organizaciones como el Polo Obrero, el Sindicato de Camioneros y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) hacerse cargo de los costos de operativos relacionados con protestas previas. Además, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha presentado una denuncia penal para investigar los destrozos ocurridos en las inmediaciones del Congreso.
