El Gobierno nacional formalizó la entrada en vigencia del Presupuesto para la Administración Pública Nacional correspondiente al ejercicio 2026, tras la publicación en el Boletín Oficial de la Ley 27.798, sancionada por el Congreso de la Nación.
La norma establece los lineamientos centrales del programa económico de la gestión del presidente Javier Milei, con un esquema basado en el superávit de las cuentas públicas. En ese marco, se fija un criterio de reducción de impuestos si el resultado fiscal supera lo previsto y de recorte de partidas en caso de que el saldo sea inferior al estimado.
La ley fue aprobada durante el último período de sesiones extraordinarias del Congreso Nacional. De acuerdo con datos oficiales difundidos por medios nacionales, se proyecta para el Sector Público Nacional un excedente financiero de $ 2.734.029.655.055.
Para alcanzar este objetivo, el cálculo de recursos totales se estableció en $ 148,29 billones, mientras que el total de gastos corrientes y de capital autorizados asciende a $ 148,06 billones.
En cuanto a la distribución del gasto por finalidad, los Servicios Sociales concentran la mayor asignación presupuestaria, con $ 106,52 billones. Le siguen el pago de la deuda pública con $ 14,11 billones, los Servicios Económicos con $ 11,45 billones, la Administración Gubernamental con $ 8,85 billones y los Servicios de Defensa y Seguridad con $ 7,11 billones.
Para el funcionamiento y los programas de las universidades nacionales, el Presupuesto asigna $ 4,78 billones. El texto establece que las casas de estudio deberán presentar información sobre el uso de los fondos ante la Secretaría de Educación, advirtiendo que el incumplimiento podría derivar en la interrupción de las transferencias.
En materia de previsión social, se destinan $ 212.288 millones al pago de deudas judiciales y administrativas de la ANSES, y $ 122.762 millones para asistir a las cajas previsionales provinciales que no transfirieron sus sistemas al Estado nacional.
Respecto a las herramientas de financiamiento, el Poder Ejecutivo quedó autorizado a emitir Letras del Tesoro por un valor nominal de hasta $ 70 billones. Además, se fijaron límites para el uso de crédito a corto plazo: $ 4 billones para la Tesorería General de la Nación y $ 2,5 billones para otros instrumentos transitorios.
Finalmente, la ley impone restricciones a la cobertura de vacantes en la administración pública, requiriendo autorización previa de la Jefatura de Gabinete para nuevos nombramientos. También se mantienen exenciones impositivas y arancelarias para la importación de vacunas y medicamentos destinados a programas sanitarios nacionales.
