El ministro de Producción del Chaco, Oscar Dudik, se refirió al reciente fallo judicial vinculado al fondo estímulo y confirmó que el Gobierno provincial avanzará con una apelación ante la Cámara Laboral a través de la Fiscalía de Estado.
El funcionario aseguró que el escenario ya estaba contemplado por el Ejecutivo, aunque manifestó sorpresa por los tiempos de la resolución. “Nosotros teníamos previsto este escenario. Lo que nos llamó la atención es que se haya demorado tanto”, expresó, al tiempo que sostuvo que algunos puntos del fallo “no corresponden”, aunque aclaró que su postura no implica una oposición a los trabajadores.
En ese contexto, Dudik explicó el funcionamiento del convenio de corresponsabilidad gremial aplicado en sectores como el forestal y el cerealero. Según detalló, se trata de un mecanismo mediante el cual se realizan retenciones solidarias al momento de comercializar la producción, cuyos fondos no pertenecen a la Provincia, sino que son transferidos automáticamente al Estado nacional.
“El gobierno provincial no participa en la determinación de ese monto. Nosotros retenemos esos recursos y automáticamente se envían a Nación porque corresponden a aportes previsionales y ART”, indicó el ministro.
Asimismo, cuestionó que, bajo el criterio del fallo, la Provincia debería transferir esos fondos a Nación y luego recurrir a recursos propios para afrontar el pago del fondo estímulo. En ese sentido, ejemplificó que en el último cuatrimestre se enviaron 1.700 millones de pesos a Buenos Aires, mientras que ahora deberían destinar alrededor de 1.400 millones para cubrir ese concepto.
Dudik calificó esta situación como “injusta” y planteó que esos recursos podrían tener otros destinos prioritarios. “No estoy en contra de los empleados, pero mientras muchos emprendedores necesitan máquinas de cinco o diez millones de pesos, nosotros tendríamos que sacar fondos de todos los chaqueños para cubrir esto”, afirmó.
En caso de que el fallo quede firme, el ministro reconoció que la Provincia deberá acatar la decisión judicial, aunque advirtió sobre su impacto en las finanzas públicas. “Si de algún lado tenemos que sacar esos recursos, probablemente tendremos que dejar de hacer pavimento o refacciones”, señaló.
Por último, consideró que la resolución judicial es “parcial” y abre la posibilidad de avanzar en una nueva reglamentación en conjunto con los trabajadores. En esa línea, cuestionó la postura de algunos sectores sindicales, a los que acusó de dificultar las negociaciones, aunque destacó que existe voluntad de diálogo en gran parte del personal.
“Yo creo que el grueso de los empleados quiere encontrar una solución. Tenemos que sentarnos a conversar seriamente para buscar un mecanismo que no sea tan inequitativo”, concluyó.
