El intendente de Bruno Cipolini, de Presidencia Roque Sáenz Peña, lanzó este jueves una dura crítica contra la Bolsa de Comercio del Chaco y anunció que impulsará acciones legales en su contra tras el escándalo por presuntas maniobras financieras que habrían afectado fondos públicos y privados en la provincia.
En una conferencia de prensa, Cipolini afirmó que el municipio fue «víctima» de inversiones consideradas arriesgadas y no autorizadas, y sostuvo que existe una supuesta estafa y administración fraudulenta, con un perjuicio que —según el jefe comunal— podría superar los 10.000 millones de pesos. Por ese motivo, adelantó que presentará una denuncia penal ante la Justicia Federal, que ya se encuentra actuando en el marco de una investigación preliminar.
El intendente fue enfático: “A los inversores del Chaco, váyanse de la Bolsa de Comercio. No hay gente seria ahí”, aseguró en relación a la confianza que la entidad debería generar en quienes colocaron sus recursos.
Acciones judiciales y reclamos
Cipolini detalló que la acción legal no solo incluirá la denuncia penal, sino también un pedido para que la Comisión Nacional de Valores (CNV) evalúe la inhabilitación de la Bolsa de Comercio del Chaco y de sus directivos. Asimismo, adelantó que se promoverá un reclamo civil por daños y perjuicios para resarcir a quienes resultaron afectados por las operaciones en cuestión.
La denuncia apunta específicamente contra el gerente general y miembros del consejo directivo de la Bolsa, así como contra empleados implicados en las operaciones cuestionadas, por los presuntos delitos de estafa, asociación ilícita y administración fraudulenta agravada por el perjuicio a la administración pública.
Debate público y antecedentes
El caso se conoció tras una denuncia planteada días atrás por un socio de la Bolsa de Comercio del Chaco, quien solicitó ante la justicia federal abrir una investigación sobre presuntas irregularidades en operaciones financieras ofrecidas como “garantizadas” que no habrían cumplido con lo prometido, generando pérdidas millonarias.
La polémica ha generado un fuerte debate en el ámbito político y financiero de Chaco, con repercusiones entre inversores particulares y representantes institucionales, y plantea interrogantes sobre la transparencia y regulación de las actividades bursátiles en la región.
La causa continuará su curso en los tribunales federales, donde se determinará el alcance de las responsabilidades y posibles sanciones ante la presunta operatoria irregular.
