La decisión se tomó apenas 24 horas después de haber remitido el texto al Congreso. El conflicto surgió por un cambio en la edad de imputabilidad que rompió el consenso con los bloques aliados y dudas sobre el financiamiento de la ley.
En un movimiento sorpresivo, el Gobierno nacional solicitó este martes el retiro del proyecto de Reforma de la Ley Penal Juvenil que había enviado ayer al Congreso de la Nación. Según confirmaron fuentes oficiales, la administración central busca realizar modificaciones clave antes de avanzar con el debate en las comisiones, previsto originalmente para este miércoles.
El punto del conflicto: ¿13 o 14 años?
El principal motivo de la marcha atrás radica en la edad de imputabilidad. Mientras que el Gobierno había incluido en el dictamen remitido ayer fijar la edad en 13 años, el acuerdo previo con los partidos aliados establecía el piso en los 14 años, replicando el consenso alcanzado durante las discusiones del año pasado.
Este «error» en la redacción o cambio de último momento puso en riesgo el apoyo legislativo necesario para aprobar la norma en el recinto, donde el oficialismo pretendía darle tratamiento este mismo jueves.
Cambios en el financiamiento
Además de la cuestión de la edad, la nueva versión del proyecto que ingresará al Parlamento busca blindar la implementación de la ley para que no se convierta en «letra muerta». En esta oportunidad, el Ejecutivo incluyó partidas específicas de financiamiento:
- $20.000 millones destinados a la Defensoría General.
- $3.000 millones para el Ministerio de Justicia.
Estos fondos buscan asegurar que el nuevo sistema penal juvenil cuente con los recursos institucionales necesarios para su funcionamiento, evitando la discrecionalidad de la Jefatura de Gabinete que se planteaba en el texto original.
Cronómetro parlamentario
A pesar del retiro y el reingreso del texto, el oficialismo mantiene su intención de acelerar los tiempos legislativos. El objetivo sigue siendo conformar las comisiones pertinentes a la brevedad para que el proyecto pueda ser discutido en el recinto de la Cámara de Diputados antes de que finalice la semana.
Con esta corrección, el Gobierno espera recuperar el acompañamiento de los bloques aliados, centrando la reforma en la baja de la edad de imputabilidad de los 16 años actuales a los 14 años, tal como se había pactado originalmente.
