Mediante un comunicado oficial, difundido por el vocero Manuel Adorni, se confirmó que «se resolvió su eliminación definitiva».
El Gobierno argumenta que «este organismo fue creado y utilizado por la administración anterior con fines político partidarios, para propagar e imponer una agenda ideológica, contratar militantes, y organizar charlas y eventos».
Fundamenta, además, que el ex Ministerio aplicaba un «sesgo ideológico en la defensa discriminatoria de las víctimas».
