El Gobierno nacional avanzó en un cambio estructural en el mercado de energía al habilitar al sector privado para hacerse cargo de la importación y comercialización de Gas Natural Licuado (GNL), una actividad que hasta ahora estaba bajo la intervención estatal a través de ENARSA.
La medida forma parte de un nuevo esquema energético orientado a asegurar el suministro en los meses de alta demanda —especialmente en invierno— y a reorganizar la participación del Estado en el mercado energético, priorizando la definición de reglas y la transparencia por sobre la operatoria directa.
Licitación pública para un operador único
Mediante la Resolución 33/2026 publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía lanzó una licitación nacional e internacional para adjudicar la responsabilidad de importar el GNL, regasificarlo y comercializarlo en el mercado interno a un único operador privado, a través de un proceso competitivo.
El nuevo esquema contempla que la empresa adjudicataria coordine de manera integral la programación de buques, la gestión de inventarios y el uso de la terminal de regasificación de Escobar, con el objetivo de eliminar duplicaciones operativas y aumentar la previsibilidad y eficiencia de la cadena de abastecimiento.
La adjudicación se definirá en base al menor adicional en USD/MMBTU sobre un marcador de referencia internacional, lo que se espera fomente la competencia y permita ajustar precios de manera más alineada con los costos logísticos y operativos.
Objetivos del cambio y contexto
Según explicaron desde el Gobierno, la decisión responde a la necesidad de complementar la oferta de gas natural en los momentos de mayor consumo, debido a limitaciones en la infraestructura de transporte desde las cuencas productivas hacia los centros urbanos, lo que obliga a importar GNL para garantizar la continuidad del suministro.
El Ejecutivo también busca reducir subsidios cruzados que se generaban con la operatoria estatal, ya que el Estado adquiría GNL a precios internacionales y lo vendía a valores regulados, financiando la diferencia con recursos públicos. Bajo el nuevo esquema, esa intermediación desaparece y la responsabilidad recae en el sector privado, con mecanismos competitivos para la formación de precios.
Asimismo, la medida se enmarca en la estrategia de retirar al Estado del rol de empresario e intermediario, concentrándose en su función regulatoria y de aseguramiento del abastecimiento energético.
Plazos y seguimiento
La resolución fija un cronograma de referencia para concluir el proceso de licitación en aproximadamente 40 días desde su publicación y prevé que la asignación de la capacidad de regasificación se focalice durante el período invernal de 2026.
La ejecución operativa del esquema quedará a cargo de ENARSA, que actuará conforme a las instrucciones y bases aprobadas por la autoridad de aplicación, aunque ya no será el importador directo.
Con este paso, el Gobierno aspira a contribuir a un mercado energético más competitivo y transparente, donde el sector privado juega un rol central en la importación y provisión de GNL, especialmente en un contexto de creciente demanda durante los meses más fríos del año.
