Tras una multitudinaria asamblea, los trabajadores votaron iniciar un paro total por tiempo indeterminado, contra el deterioro de las condiciones laborales y salariales.
Ante esa decisión, el gobierno dictó la conciliación obligatoria, pero la movilización prevista para el miércoles a las 13 horas se mantuvo, con gran participación y el apoyo de la movilización por la discapacidad, concentrada en el Congreso.
La protesta apuntó directamente contra el ajuste impulsado por el gobierno nacional. Gerardo «Pino» Oroz, delegado de ATE Garrahan, denunció la falta de respuestas del Ministerio de Salud: «Reducir los salarios impacta directamente en la atención. Muchos profesionales se van y no son reemplazados».
Julián Asiner, otro delegado de salud, expuso la crítica situación de los residentes, que trabajan bajo un régimen de exclusividad con sueldos que no llegan a los $800.000 mensuales y realizan en promedio seis guardias de 24 horas sin pago adicional. «El sistema funciona a costa de la explotación de los residentes. Este paro busca visibilizar una situación insostenible», remarcó.
Los trabajadores también cuestionaron la gestión del ministro Mario Lugones, que este año eliminó cupos en especialidades clave como Trabajo Social, fundamentales en el acompañamiento de pacientes pediátricos. Acusan al gobierno de impulsar un vaciamiento progresivo del sistema de salud pública.
Una encuesta reciente entre residentes del Hospital Gutiérrez reveló que el 93% no puede cubrir el costo de vida con su salario actual, equivalente a unos $4.350 por hora. El 75% necesita empleos adicionales para sobrevivir, y el 98% no ve posible acceder a una vivienda propia.
La crisis no afecta solo a residentes. Más de 200 renuncias se registraron en el Garrahan en los últimos meses. Jefes de servicio denunciaron públicamente el deterioro salarial y laboral. «La salud pública está al límite. No es un conflicto aislado, sino parte de un modelo que prioriza el ajuste por sobre la vida», advirtió Asiner.
El conflicto tiene resonancia nacional. La huelga de los residentes se suma a otras luchas de sectores como docentes, jubilados y trabajadores del transporte. En un contexto donde el gobierno amenaza con restringir el derecho a huelga por decreto, la protesta adquiere también una dimensión política.
Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE Garrahan, criticó la conciliación obligatoria: «El gobierno busca desarmar la lucha, pero la asamblea masiva decidió continuar. Exigimos una negociación inmediata con representantes elegidos por la asamblea. Si no hay respuestas claras, el martes votaremos nuevas medidas de fuerza».
