En un contexto de ajuste económico, caída del consumo y aumentos sostenidos en los precios de alimentos, la diputada provincial Mariela Quirós renovó su pedido de tratamiento urgente del Proyecto de Ley 792/24, que propone la creación de un Programa Provincial de Competencia Equitativa y Comercialización Regional, conocido como la “Ley de Góndolas Chaqueña”.
La iniciativa, presentada en conjunto con los diputados Nicolás Slimel y Rodrigo Ocampo, permanece sin avances en la Comisión de Industria, bloqueada por la mayoría oficialista, según denunció la legisladora.
“El proyecto está, existe, y su tratamiento es urgente. No podemos seguir ignorando que los bolsillos se están asfixiando. La vida de la gente se está desmoronando: no hay previsibilidad ni perspectivas, solo ajuste, recesión y aumento de precios en los alimentos. De esto se trata la agenda de la crueldad”, sostuvo Quirós.
Una respuesta local ante la derogación de la Ley Nacional de Góndolas
Tras la derogación de la Ley Nacional 27.545 a través del DNU 70/2023, la legisladora remarcó la necesidad de que la provincia recupere herramientas para ordenar el mercado y proteger al consumidor. El proyecto busca establecer normas que garanticen una distribución equitativa de los productos en góndolas de supermercados, promoviendo especialmente el acceso de pymes, productores locales y emprendimientos de la economía popular.
Quirós explicó que la medida es clave para frenar prácticas abusivas de grandes marcas, que acaparan los espacios más visibles en los supermercados mediante acuerdos comerciales que excluyen a la competencia.
“El costo de esos acuerdos se traslada al consumidor, que termina pagando precios más altos. Además, se reduce la variedad de productos disponibles y se perjudica a las pymes chaqueñas”, denunció.
Impacto en la economía local y los consumidores
La “Ley de Góndolas Chaqueña” propone una intervención concreta en el sistema de comercialización para democratizar el acceso a los mercados, fortalecer la producción local, generar empleo y aliviar el bolsillo de los consumidores, en una provincia particularmente golpeada por la crisis.
“Necesitamos medidas que protejan tanto al consumidor como al pequeño productor. Este proyecto es una herramienta concreta para mejorar la vida de la gente. El silencio y la indiferencia también son una forma de crueldad”, concluyó la diputada.
Desde la oposición solicitan que el oficialismo habilite el debate legislativo y se escuche el reclamo de una sociedad que enfrenta crecientes dificultades para acceder a alimentos básicos.
