Dirigentes políticos, abogados y organizaciones opositoras renovaron su pedido para que la Justicia habilite la feria judicial de verano y así dar tratamiento urgente a un recurso contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, que amplió las facultades del sistema de inteligencia nacional y modificó la estructura de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), informaron fuentes oficiales y judiciales.
El reclamo fue presentado mediante un recurso de apelación por parte de abogados que representan a figuras como Leopoldo Moreau, Federico Storani, Ricardo Alfonsín, entre otros, en el marco de una acción de amparo colectivo contra el Estado Nacional. Los demandantes sostienen que la medida cautelar solicitada ante la Corte Suprema no puede esperar hasta la finalización del receso judicial, ya que el decreto se encuentra vigente y produciendo efectos jurídicos de manera inmediata.
Según los planteos, el DNU “amplía de manera inmediata las facultades del sistema de inteligencia, habilitando tareas encubiertas y el intercambio de información sin control judicial previo”, lo que, a juicio de los recurrentes, afecta derechos como la privacidad y la intimidad de los ciudadanos y podría provocar consecuencias de difícil reparación.
La apelación también cuestiona la decisión de una sala federal de feria, que el 15 de enero rechazó habilitar el receso judicial para que la medida cautelar tenga trámite urgente, lo cual obligaría a que el caso espere al fin de la feria judicial para su análisis por los jueces naturales. Las organizaciones sostienen que ese criterio genera un “gravamen actual y concreto” porque el DNU sigue en vigencia sin freno ni suspensión.
Entre los argumentos utilizados, los presentantes advirtieron que diferir el análisis cautelar hasta el fin de la feria implicaría permitir que el Ejecutivo actúe bajo una norma cuestionada constitucionalmente, generando efectos que podrían “tornar ilusoria una eventual tutela posterior”.
Este nuevo capítulo se da en un contexto más amplio de críticas políticas y sociales al DNU 941/2025, que fue publicado el 31 de diciembre pasado y generó un fuerte debate sobre la forma en que se reorganiza el sistema de inteligencia y las competencias que se le otorgan, incluidas facultades operativas sin control judicial, según organismos de derechos humanos y especialistas en derecho constitucional.
