Intendentes del PJ chaqueño advirtieron que la crisis amenaza la prestación de servicios esenciales y exigieron que Nación y Provincia garanticen los fondos coparticipables.
Intendentes del Partido Justicialista de la provincia del Chaco lanzaron una advertencia: los municipios están al borde del colapso financiero. La reunión, realizada en la capital chaqueña, reunió a varias autoridades locales que expresaron en conjunto su rechazo al ajuste fiscal impulsado por el Gobierno nacional, al que responsabilizan por la abrupta caída en la coparticipación, la eliminación de fondos específicos y el desfinanciamiento de obras públicas claves.
«Necesitamos ponernos en contra del ajuste de Milei», sostuvo Juan Manuel «Juanchi» García, jefe comunal de Machagai y uno de los principales voceros del encuentro. «La situación es crítica y no hay perspectivas de mejora. Todo indica que esto va a empeorar», advirtió ante los medios presentes.
García también apuntó que los municipios están absorbiendo responsabilidades que no les corresponden: «Cuando una familia no encuentra un remedio, va al municipio; cuando no puede pagar la luz, también. La asistencia social se está volviendo insostenible sin recursos». A esto sumó su rechazo frontal a la posible eliminación del Fondo Algodonero, que afecta de manera directa a los pequeños productores del norte argentino: «No podemos permitir que se sigan desmantelando los mecanismos de equilibrio federal», dijo.
Reclamos transversales y un llamado al diálogo institucional
Aunque el encuentro fue impulsado por intendentes peronistas, la preocupación traspasa las líneas partidarias. Rafael Carrara, intendente de Corzuela, remarcó que «la situación nos atraviesa a todos, sin importar el color político» y pidió una audiencia con el gobernador Leandro Zdero para buscar soluciones conjuntas. «Esto no es una cuestión ideológica, es de supervivencia institucional. Si la Nación recorta, la provincia también se ve afectada y los 70 municipios quedan a la deriva», explicó.
Por su parte, el intendente de Fontana, Guillermo González Vilelas, planteó la necesidad de abrir una instancia permanente de diálogo con la Legislatura provincial y con los representantes chaqueños en el Congreso nacional. «Queremos colaborar, pero también necesitamos claridad: saber qué nos descuentan, cómo, y por qué. Hay municipios que ya están en riesgo de no poder pagar sueldos ni mantener los servicios esenciales», alertó.
Los intendentes coincidieron en que los recursos automáticos por coparticipación llegan, pero en montos mucho menores a los esperados. También denunciaron el recorte total de las transferencias no automáticas, que financiaban programas de salud, educación, seguridad y obras públicas.
«Hay gente que se muere por no tener acceso a una cirugía»
Uno de los discursos más crudos fue el del intendente de Taco Pozo, Carlos Ibáñez, quien denunció una «pobreza extrema» en vastas regiones de la provincia. «La gente se muere porque no puede acceder a la salud, porque no hay medicamentos ni especialistas. Mientras tanto, el modelo económico está centrado en la especulación financiera y no en el desarrollo productivo», expresó. Ibáñez también acusó al Gobierno provincial de manejar fondos sociales con discrecionalidad, y reclamó que las políticas públicas sean institucionales, no partidarias.
A su vez, remarcó la falta de un plan estratégico para enfrentar la crisis. «El Chaco no tiene un proyecto de provincia. No hay parámetros claros para articular con los municipios», declaró, y pidió que el gobernador asuma una conducción más abierta y federal del conflicto.
Respaldo a los gobernadores y advertencia al Congreso
Uno de los ejes comunes de todos los oradores fue el respaldo explícito a los gobernadores que promueven en el Congreso nacional proyectos de ley para recuperar fondos y reactivar obras paralizadas. García fue claro: «Vamos a acompañar a los legisladores para que avancen con estas iniciativas. Pero el respaldo tiene que tener correlato: los fondos deben llegar a los municipios».
Los intendentes insistieron en que sin una redistribución más equitativa de los recursos, los municipios quedarán sin margen de acción para sostener comedores, merenderos, transporte escolar, alumbrado, recolección de residuos y asistencia social, entre otras tareas diarias.
Finalmente, pidieron que se convoque a intendentes de todos los espacios políticos, para ampliar el frente común ante lo que consideran un ajuste que impacta sobre la base misma del federalismo argentino. «La gente no votó para vivir peor», concluyó Ibáñez.
