El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó en el centro de una investigación judicial tras la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito por 230 mil dólares, una operación que llamó la atención por su particular forma de financiamiento.
Según registros oficiales, la adquisición se concretó en noviembre de 2025 y fue posible gracias a un préstamo de aproximadamente 200 mil dólares otorgado por las propias vendedoras del inmueble, dos mujeres jubiladas que financiaron cerca del 87% del valor total.
El departamento, de casi 200 metros cuadrados, pertenecía a Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes además de vender la propiedad quedaron registradas como acreedoras del crédito hipotecario en partes iguales. Esto significa que ambas no solo concretaron la venta, sino que también financiaron la mayor parte de la operación.
La situación despertó sospechas y motivó una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo una serie de medidas para investigar el origen de los fondos y analizar la evolución patrimonial del funcionario.
Entre los puntos que analiza la Justicia también figuran posibles inconsistencias en las declaraciones juradas de Adorni. Según trascendió, el funcionario no habría informado la venta de un inmueble previo, lo que generó dudas sobre cómo financió sus nuevas adquisiciones.
Además, la compra del departamento no fue el único movimiento inmobiliario reciente. Ese mismo mes, el jefe de Gabinete también adquirió una propiedad en un country en la provincia de Buenos Aires, aunque figura a nombre de su esposa, lo que suma interrogantes sobre su patrimonio.
La investigación se originó a partir de una denuncia que alertó sobre un fuerte incremento patrimonial en poco tiempo y posibles omisiones de bienes y activos financieros. En este contexto, la Justicia busca determinar si las operaciones pueden justificarse con ingresos legales o si existieron irregularidades.
Por el momento, el expediente continúa en etapa de recolección de pruebas y se esperan avances en las próximas semanas que permitan esclarecer la situación patrimonial del funcionario.
