El juicio por la muerte de Diego Maradona fue interrumpido este lunes tras fuertes cuestionamientos hacia la jueza Julieta Makintach, acusada de parcialidad en su desempeño. El Tribunal se encuentra evaluando un pedido de suspensión de las audiencias por 10 días, plazo máximo permitido por el Código Procesal Penal bonaerense, mientras analiza la recusación de la magistrada.
El planteo fue impulsado por el fiscal Patricio Ferrari, quien respaldó el reclamo del abogado de Leopoldo Luque, Julio Rivas. El letrado sostuvo que Makintach habría tenido una actitud inquisidora hacia los testigos y que incluso podría haber adelantado su posición respecto del fallo. Además, acusó a la jueza de haber autorizado el ingreso de una cámara para la grabación de un documental sin la aprobación de las partes.
«La doctora Makintach permitió el registro audiovisual de la primera audiencia, a pesar de que el tribunal había prohibido el uso de cámaras», denunció Rivas, quien también cuestionó el presunto vínculo de la jueza con una productora que estaría filmando el proceso y donde trabajaría su hermano.
El fiscal Ferrari, por su parte, advirtió sobre la «gravedad institucional» de lo sucedido. «Lo ocurrido en la última jornada no puede ignorarse. No se trata de una situación menor», remarcó, al tiempo que pidió posponer el juicio para que se investigue a fondo el comportamiento de la magistrada.
La solicitud fue apoyada por varios abogados querellantes, entre ellos Fernando Burlando (representante de Dalma y Gianinna Maradona), Félix Linfante (por Jana Maradona), Mario Baudry (por Dieguito Fernando), Pablo Jurado (por las hermanas de Maradona), y el abogado de Diego Junior.
También adhirieron al pedido algunos defensores de los imputados, como Vadim Mischanchuk (representante de la psiquiatra Agustina Cosachov), Diego Olmedo (del psicólogo Carlos Díaz), y la defensora oficial María Julia Marcelli (del médico clínico Pedro Di Spagna).
Sin embargo, otros abogados defensores se opusieron a suspender el debate. Entre ellos, Martín Montalbo (por Mariano Perroni), Franco Chiarelli (por Ricardo Almirón) y Nicolás D’Albora (por Nancy Forlini), quienes argumentaron que aún no accedieron a la documentación sobre la supuesta filmación del juicio y que no pueden pronunciarse sobre la recusación en base a conjeturas.
D’Albora reconoció la «gravedad institucional» del caso, pero pidió que se certifiquen las pruebas antes de tomar una decisión: «No me puedo basar en rumores. Solicito que hoy mismo la Fiscalía facilite copia de las actuaciones para evaluarlas», afirmó.
El tribunal deberá definir en las próximas horas si acepta la recusación de Makintach y si interrumpe el juicio durante los próximos 10 días para esclarecer los hechos denunciados.
