En medio de una disputa judicial con la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, la Bolsa de Comercio del Chaco informó que depositó $1.890.691.105,07 de sus propios fondos para dar cumplimiento a una medida cautelar dictada por la Justicia, aunque cuestionó fuertemente la decisión y la calificó como “infundada e injusta”.
La entidad bursátil efectuó el depósito antes de que el oficio de embargo llegara formalmente, con el objetivo de acatar la orden del juez Carlos de Césare. En su comunicado, la Bolsa aseguró que esta acción no compromete su capacidad financiera ni las tenencias de sus inversores, pero remarcó su rechazo a la medida.
Críticas a la cautelar y defensa institucional
En el texto difundido, la Bolsa expresó que la cautelar es “infundada, arbitraria e injusta” y cuestionó la competencia del magistrado que la dictó, al que calificó como “un juez incompetente”. La entidad anticipó que promoverá recursos procesales y acciones legales para intentar revertir la decisión.
Según la Bolsa de Comercio del Chaco, el monto embargado por el municipio sería “significativamente superior” al volumen real de operaciones que respaldan la demanda, lo que —a su juicio— convierte la medida en excesiva y desproporcionada. Además, la institución afirmó haber sido “injustamente involucrada en una disputa política” ajena a su actividad financiera y denunció una “campaña sistemática de ataques” de ciertos actores que buscarían desprestigiarla y ganar participación en el mercado.
Contexto judicial y municipal
La cautelar se dictó tras una acción impulsada por el municipio de Sáenz Peña, que reclama la restitución de fondos por presuntas operaciones no autorizadas o fuera del perfil de inversión acordado con la Bolsa. El juez de la causa ordenó el embargo preventivo para resguardar esos recursos municipales, en el marco de una controversia que ya generó repercusiones en ámbitos judiciales y políticos locales.
Esta situación judicial se inscribe en una serie de reclamos y pedidos de informes que también involucran a la Unidad Fiscal local y al Tribunal de Cuentas, en relación con la administración de fondos públicos del municipio y las posibles irregularidades en su manejo bursátil.
