La Cámara de Apelaciones Multifueros revocó el amparo presentado por la Fundación Valdocco y confirmó la legalidad de las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación del Chaco. De este modo, el tribunal hizo lugar al recurso interpuesto por el Estado provincial, a través de la Fiscalía de Estado, y dejó sin efecto la sentencia dictada el pasado 22 de diciembre por el Juzgado Civil y Comercial N° 21.
El fallo, conocido este lunes, lleva la firma de los jueces Sebastián Andrés Cóceres, Natalia María Luz Kuray y Diego Gabriel Derewicki, quienes avalaron los actos administrativos que dispusieron la retención de fondos destinados a la UEGP N° 144, perteneciente a la fundación, y la posterior clausura de la institución educativa.
En su resolución, los magistrados consideraron que las decisiones adoptadas por el Ministerio de Educación se encontraban debidamente fundadas y se desarrollaron en el marco de un procedimiento administrativo regular. En ese sentido, detallaron una serie de incumplimientos detectados durante las inspecciones realizadas.
Entre las irregularidades señaladas, la Cámara enumeró la falta de documentación respaldatoria en las altas docentes, la imposibilidad de verificar el domicilio real de algunos educadores —incluso con registros en plantas nominales de otras provincias—, inconsistencias en los libros matriz y deficiencias pedagógicas. También se mencionó la existencia de matrícula insuficiente para las secciones declaradas y la imposibilidad de constatar el funcionamiento del Nivel Superior.
Asimismo, el tribunal remarcó el incumplimiento de la normativa provincial vigente, en particular de las Leyes N° 710-E y 1887-E, que regulan el funcionamiento de las unidades educativas de gestión privada.
Finalmente, los jueces sostuvieron que no se acreditaron elementos que permitan considerar la clausura como una sanción ilegal o arbitraria, sino como una consecuencia necesaria ante la imposibilidad de garantizar los requisitos mínimos para la prestación del servicio educativo.
En ese marco, subrayaron que la medida no vulnera el derecho a la educación, ya que se dispuso la reubicación de los estudiantes dentro del sistema educativo provincial, en ejercicio regular del poder de policía educativo del Estado.
