El máximo tribunal rechazó un planteo del Estado nacional y mantuvo vigente la medida judicial que ordena actualizar salarios docentes, becas estudiantiles y partidas presupuestarias para las universidades públicas mientras se resuelve el fondo de la causa.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a cumplir parcialmente con la Ley de Financiamiento Universitario, en un nuevo revés judicial para la administración de Javier Milei en el conflicto que mantiene con las universidades públicas del país.
Con su decisión, el máximo tribunal ratificó la vigencia de la resolución judicial que ordena al Estado actualizar salarios de docentes y nodocentes, becas estudiantiles y recursos destinados al funcionamiento de las casas de estudio, conforme a lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795.
La medida se mantiene mientras avanza la discusión de fondo sobre la constitucionalidad del decreto mediante el cual el Poder Ejecutivo suspendió la aplicación de la norma, argumentando que el Congreso no había definido las fuentes de financiamiento necesarias para afrontar los incrementos presupuestarios previstos.
Un nuevo revés para el Gobierno
La disputa judicial se originó luego de que el Congreso aprobara la Ley de Financiamiento Universitario y posteriormente rechazara el veto presidencial. Sin embargo, el Ejecutivo dictó el Decreto 759/2025, mediante el cual condicionó la ejecución de la norma a la determinación previa de los recursos que permitirían financiarla.
Frente a esa decisión, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintas universidades nacionales promovieron una acción judicial para exigir el cumplimiento de la ley. En primera instancia, la Justicia hizo lugar al planteo y dictó una medida cautelar favorable a las universidades, resolución que luego fue confirmada por la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo.
La decisión de la Corte implica que esa cautelar continuará vigente y que el Estado deberá seguir cumpliendo con las actualizaciones previstas mientras el expediente continúa su trámite judicial.
Qué establece la cautelar
La medida judicial ordena al Gobierno nacional actualizar las partidas destinadas a salarios docentes y nodocentes, así como las becas estudiantiles contempladas en la ley aprobada por el Congreso. El objetivo es evitar que la demora en la resolución definitiva del caso genere perjuicios irreparables para el sistema universitario.
Desde el sector universitario sostienen que la falta de aplicación de la norma provocó una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y una caída significativa de los recursos destinados al funcionamiento de las universidades nacionales.
El conflicto sigue abierto
Si bien la resolución representa una victoria para las universidades, la discusión de fondo aún no está cerrada. La Corte deberá pronunciarse más adelante sobre la validez constitucional del decreto que suspendió la aplicación de la ley y sobre la obligación definitiva del Estado de ejecutar integralmente la norma sancionada por el Congreso.
En paralelo, el conflicto por el financiamiento universitario se convirtió en uno de los principales focos de tensión entre el Gobierno nacional y la comunidad educativa, con movilizaciones masivas, reclamos de rectores, docentes y estudiantes, y sucesivas instancias de negociación en busca de una solución presupuestaria.
La decisión conocida este jueves fortalece la posición de las universidades en el plano judicial y garantiza, al menos de manera provisoria, la continuidad de los mecanismos de actualización de fondos previstos por la legislación vigente hasta que exista una sentencia definitiva sobre el caso.
