La Justicia federal comenzó a avanzar en la investigación por el paso de Flávio Bolsonaro por la Argentina, luego de que la fiscal federal Paloma Ochoa solicitara informes a la Dirección Nacional de Migraciones para esclarecer las circunstancias de su ingreso y salida del país.
La medida se enmarca en una denuncia por presunto encubrimiento contra el presidente Javier Milei y otros integrantes del Poder Ejecutivo. El objetivo es determinar si existieron irregularidades en los controles migratorios durante el tránsito del dirigente brasileño por territorio argentino.
Uno de los puntos centrales de la investigación es establecer si se cumplió con la legislación vigente respecto de la eventual existencia de antecedentes penales, condenas o requerimientos judiciales que pudieran incidir en las condiciones de ingreso al país.
La presentación se produjo después de que Bolsonaro cruzara desde Brasil hacia Puerto Iguazú, en Misiones, durante la noche del martes 27 de octubre, y posteriormente abordara un avión privado con destino a Estados Unidos. Según la denuncia, el dirigente tenía una restricción judicial que le impedía salir de Brasil.
Tres denuncias y distintas investigaciones judiciales
La causa en la que interviene Ochoa quedó radicada en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti y se originó a partir de una denuncia presentada por Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero.
En paralelo, existe otra presentación impulsada por el diputado nacional Esteban Paulón, que inicialmente fue asignada al juzgado de Daniel Rafecas.
A esas actuaciones se suma una tercera investigación en los tribunales federales de Puerto Iguazú, iniciada a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano.
En ese expediente, el fiscal federal Fabián Martínez solicitó informes a distintos organismos oficiales para reconstruir el recorrido de Bolsonaro y determinar si existía algún impedimento legal que pudiera afectar su ingreso o tránsito por la Argentina.
Cámaras, vuelos y registros de pasajeros
Entre las medidas de prueba solicitadas en Puerto Iguazú se encuentran la preservación de las grabaciones de las cámaras de seguridad del puente internacional Tancredo Neves y del aeropuerto local.
También se requirió información sobre los planes de vuelo, los registros de pasajeros y el contrato del servicio de transporte aéreo utilizado.
Los investigadores buscan reconstruir los movimientos del dirigente brasileño y determinar si hubo incumplimientos en los controles fronterizos o posibles responsabilidades de los funcionarios que intervinieron.
Por el momento, las actuaciones se encuentran en una etapa preliminar. La investigación deberá establecer si las restricciones judiciales dictadas en Brasil tenían efectos sobre el tránsito de Bolsonaro por territorio argentino y si existieron irregularidades que puedan derivar en responsabilidades penales.
