La dirigente social Marcela Acuña, detenida en el marco de la causa por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, denunció agravamiento en sus condiciones de detención. La jueza técnica del juicio respondió a un habeas corpus y aclaró que no dispuso esas medidas.
La jueza técnica del juicio oral por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, Dolly Fernández, respondió formalmente a un habeas corpus presentado por la imputada Marcela Acuña, y aseguró que no ordenó ninguna de las restricciones que esta denuncia estar sufriendo durante su detención. La magistrada indicó que dichas condiciones son definidas por el Servicio Penitenciario Provincial, en el ámbito del Poder Ejecutivo.
Acuña, quien se encuentra detenida había presentado el recurso tras señalar un presunto endurecimiento de su régimen de encierro. Entre otras cuestiones, mencionó que desde hace dos semanas se encuentra alojada en una celda con acceso limitado al patio (una hora por día), sin objetos personales ni posibilidad de leer, escribir o recibir información por medios gráficos o audiovisuales.
Según su relato, esta situación se habría agravado luego de un incidente en el pabellón en el que se encuentra alojada, tras el cual —siempre de acuerdo a su versión— fue reducida por personal del Servicio Penitenciario y luego alojada temporalmente en una sala sin colchón.
La respuesta judicial al habeas corpus fue comunicada el viernes, aunque la defensa aún no accedió formalmente al texto completo del oficio. En dicho documento, Fernández deja asentado que no existen órdenes judiciales que impidan a Acuña acceder a medios de lectura, actividades educativas o recreativas, ni restricciones adicionales a las propias del proceso. De este modo, deslinda la responsabilidad de esas decisiones al ámbito penitenciario.
En paralelo, la dirigente presentó nuevas denuncias penales contra funcionarios del Servicio Penitenciario Provincial, así como contra el ministro de Gobierno Jorge Gómez, el ministro de Seguridad Hugo Matcovich, y el fiscal de género Jorge Cáceres Olivera. La presentación fue ratificada ante la Unidad de Atención a la Víctima y al Ciudadano del Poder Judicial y derivó en una revisión médica para constatar su estado físico y psicológico.
Por el momento, no hubo declaraciones oficiales del Ejecutivo provincial ni del Ministerio Público en relación a estas denuncias. Tampoco se confirmó si se iniciaron investigaciones internas a raíz de lo planteado por la defensa.
El caso continúa su curso judicial con la realización del juicio oral, mientras se espera que la defensa de Acuña acceda al contenido completo del oficio judicial, lo que podría derivar en nuevas acciones procesales.
