Se trata de una causa iniciada en el 2010 y reactivada a raíz de la investigación por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.
La investigación, iniciada a raíz de una denuncia presentada por la Fundación Madres de Plaza de Mayo, en el marco del programa “Sueños compartidos”, ha sido llevada adelante por el Juzgado Federal N°1 de Resistencia, quien tomó la decisión de procesar a Sena, Acuña y Gómez luego de que la causa estuviera más de 10 años congelada.
Los acusados enfrentan cargos por «trata de personas con fines de explotación laboral mediando engaño, violencia, amenazas y abuso de una situación de vulnerabilidad, calificado por haber sido cometido por tres o más personas y por el número de víctimas»
El fiscal federal Patricio Sabadini detalló que, además de los testimonios de las víctimas, se contó con otros elementos probatorios, como evaluaciones realizadas por profesionales de la salud mental a las presuntas víctimas, que revelaron las condiciones de explotación laboral a las que fueron sometidas las personas afectadas. Entre estas condiciones se destacan jornadas laborales extenuantes, reducción salarial injusta y hasta encierro físico en algunos casos.
“Le prometían 8 horas de trabajo diario y terminaron siendo 16. Algunos ingresaban a las 6 de la mañana y terminaban yéndose las 23 horas”, comentó el fiscal acerca de las condiciones de explotación narradas por algunos testimonios.
Sigue detallando el fiscal: “Le hacían firmar recibos de sueldo o recibos de de dinero por el pago de esas obras con una reducción del 40% y el resto iba para las arcas del señor Sena y el movimiento del señor Sena y compañía”.
“En determinadas situaciones se le agregaba un candado al predio para que las personas no puedan salir. Comían en condiciones inhumanas, algunos dormían en su lugar de trabajo. Recuerdo el caso de una de una persona que se encontraba embarazada y que no le permitían ir a darle amamantar a su nene”, detalló Sabadini.
Respecto a las posibles penas para los dirigentes sociales implicados, el fiscal federal señaló que los acusados podrían enfrentar entre cuatro y diez años de prisión, aunque resaltó que la decisión final estará sujeta al proceso judicial en curso.
Por el momento, sin embargo, la jueza interviniente ha resuelto que no existe peligro de fuga, con lo cual no hay un pedido de prisión efectiva, aunque los imputados ya se encuentran en prisión por otras causas.
En cuanto al futuro del proceso, el fiscal explicó que la defensa de los acusados tiene la posibilidad de apelar el procesamiento ante la Cámara Federal de Apelaciones, lo que podría prolongar los tiempos judiciales. Sin embargo, expresó su deseo de que el caso pueda llegar a juicio durante el transcurso de este año.
Por último, Sabadini hizo hincapié en la importancia de brindar apoyo y protección a las víctimas, tanto desde el ámbito judicial como desde el Estado, asegurando que se seguirá trabajando para garantizar su atención y resarcimiento.
«La causa ha sido llevada con rigurosidad, y confiamos en que la justicia se impondrá para asegurar el resarcimiento a las víctimas y sancionar a los responsables conforme a la ley», concluyó el fiscal.
