Un fallo judicial de alto impacto ordenó al Gobierno nacional suspender el cierre del programa “Volver al Trabajo” y garantizar la continuidad de la asistencia económica a sus beneficiarios, en medio de la polémica por la reconfiguración de los planes sociales.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, quien dictó una medida cautelar que obliga al Ministerio de Capital Humano a mantener las prestaciones del programa hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.
El fallo responde a un amparo colectivo presentado por un grupo de trabajadores de la economía popular, quienes cuestionaron la finalización del plan sin la implementación previa de un esquema alternativo que garantice ingresos equivalentes. Según plantearon, la interrupción del programa afecta directamente su subsistencia, ya que representa su principal fuente de ingresos.
Un programa clave en la política social
El programa “Volver al Trabajo” había sido creado en 2024 mediante un decreto del Poder Ejecutivo firmado por el presidente Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello, como reemplazo del anterior esquema “Potenciar Trabajo”.
La iniciativa otorgaba una asignación mensual no remunerativa de $78.000 y tenía como objetivo promover la inserción laboral a través de capacitaciones sociolaborales.
Sin embargo, el Gobierno había anunciado a comienzos de abril de 2026 su finalización, con la intención de reemplazarlo por un sistema de “vouchers” de capacitación. Esta transición generó cuestionamientos debido a la falta de precisiones sobre su implementación, cobertura y criterios de acceso.
Los fundamentos del fallo
En su resolución, el juez consideró que la suspensión abrupta de una prestación de carácter alimentario, sin un mecanismo sustitutivo claro y equivalente, podría vulnerar derechos constitucionales básicos.
Entre ellos, mencionó el derecho a una vida digna, la seguridad social y el principio de progresividad de los derechos económicos y sociales. Además, advirtió que la eliminación del beneficio impacta de manera directa en sectores en situación de alta vulnerabilidad, en un contexto económico complejo.
En ese sentido, el magistrado ordenó que el Estado nacional mantenga el pago del programa en un plazo de tres días, bajo apercibimiento de sanciones en caso de incumplimiento. La medida se mantendrá vigente hasta que se dicte una sentencia definitiva.
Un escenario de tensión judicial y social
La resolución judicial se produce en un contexto de fuerte debate sobre el rumbo de la política social del Gobierno, que busca reemplazar los planes asistenciales por esquemas orientados a la capacitación y la inserción laboral.
La decisión también podría abrir un nuevo frente judicial para el Ejecutivo, ya que sienta un precedente sobre los límites en la modificación o eliminación de programas sociales sin garantías de continuidad para sus beneficiarios.
Mientras tanto, organizaciones sociales y sectores afectados siguen de cerca la evolución del caso, que podría tener impacto sobre cientos de miles de personas en todo el país.
