El Tribunal Oral Federal de Resistencia levantó los embargos e inhibiciones y ordenó restituir los bienes secuestrados durante la investigación. La decisión alcanza a seis personas absueltas en la causa.
El Tribunal Oral Federal de Resistencia ordenó levantar los embargos e inhibiciones y devolver los bienes secuestrados a la exintendenta de Resistencia, Aída Ayala, y a otros cinco absueltos en la causa conocida como Lavado II.
La resolución fue firmada por los jueces Juan Manuel Iglesias, Enrique Jorge Bosch y Osvaldo Alberto Facciano y se tomó luego de una decisión de la Cámara Federal de Casación Penal.
Además de Ayala, la medida alcanza al empresario identificado como D.A.F., vinculado a PIMP S.A., y a L.E., A.E.B., P.N.V. y C.S.H.
Los jueces dispusieron el levantamiento definitivo de las medidas que impedían disponer libremente de determinados bienes y ordenaron la devolución de muebles, inmuebles y documentación secuestrada durante la investigación.
La restitución deberá realizarse mediante un inventario y un acta de entrega. Para determinar qué elementos deben devolverse se tendrán en cuenta las actas realizadas cuando fueron secuestrados.
La decisión también alcanza a las empresas RECIFIS SRL y DAFSA SA, que se encontraban bajo administración judicial. Una vez concretada la devolución, deberán finalizar las tareas de los interventores y veedores.
La medida responde a una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal, que había dejado sin efecto las medidas cautelares.
La Fiscalía recurrió esa decisión ante la Corte Suprema y pidió que los embargos e inhibiciones continuaran hasta que el máximo tribunal resolviera.
Sin embargo, el Tribunal Oral Federal consideró que la presentación de una queja ante la Corte no suspende por sí sola lo resuelto por Casación, salvo que la propia Corte disponga lo contrario.
Por ese motivo, ordenó cumplir con la resolución y avanzar con la devolución de los bienes.
El estado de la causa
La causa Lavado II tuvo varios años de trámite. En mayo de 2024, Aída Ayala había sido condenada a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por fraude contra la administración pública, mientras que había sido absuelta por lavado de activos.
Posteriormente, la Cámara Federal de Casación Penal anuló las condenas y absolvió a Ayala y a los demás acusados.
Actualmente, la Fiscalía mantiene una presentación ante la Corte Suprema, mientras que el Tribunal Oral Federal avanza con el cumplimiento de las decisiones de Casación.
