El Ejecutivo analiza incluir la pesca en el proyecto de ley que enviará al Congreso la próxima semana. Busca ampliar las sanciones a empresas, accionistas y proveedores relacionados con actividades que la Argentina considera ilegales en Malvinas.
El Gobierno nacional evalúa incluir a la actividad pesquera en el nuevo régimen de sanciones que prepara para reforzar la defensa de los recursos naturales argentinos en las Islas Malvinas.
El proyecto, que será enviado al Congreso la próxima semana, busca ampliar las sanciones que actualmente alcanzan a las empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las islas.
La propuesta podría extender las restricciones no solo a quienes realizan directamente las actividades cuestionadas, sino también a accionistas, directivos, proveedores y empresas vinculadas económicamente con esos proyectos.
La pesca ya tiene sanciones previstas
La Argentina cuenta desde 2008 con una normativa que permite sancionar vínculos con buques que pescan sin autorización argentina.
La Ley Federal de Pesca establece que quienes reciben permisos o cuotas de captura en el país deben declarar que no mantienen relaciones jurídicas o económicas con propietarios o armadores que desarrollen pesca sin autorización argentina.
Si se comprueba una infracción, pueden caducar permisos, cuotas y autorizaciones de captura.
Ahora, el Gobierno analiza reforzar ese esquema e incorporar nuevas sanciones dentro del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional.
El antecedente petrolero
La iniciativa toma como referencia las medidas que el Ejecutivo comenzó a impulsar contra empresas vinculadas con la explotación petrolera en Malvinas.
El Gobierno ya inició procedimientos contra empresas, accionistas y proveedores relacionados con esos proyectos. Uno de los principales focos es Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
El presidente Javier Milei había anticipado que las modificaciones a la normativa sobre hidrocarburos también podrían alcanzar otras actividades relacionadas con la explotación de recursos naturales argentinos.
Una actividad clave para las islas
La pesca tiene un peso central en la economía de las Malvinas y se desarrolla mediante licencias otorgadas por la administración británica de las islas.
Por eso, una ampliación del régimen de sanciones podría tener un impacto significativo sobre empresas que operan en ese circuito y que, al mismo tiempo, mantienen vínculos comerciales con la Argentina.
El Gobierno deberá definir ahora qué actividades y relaciones quedarán alcanzadas por el nuevo régimen.
La respuesta estará en el proyecto que llegará al Congreso la próxima semana, donde se conocerá el alcance definitivo de las medidas.
