En una decisión que generó fuertes reacciones en el ámbito sanitario, el presidente Javier Milei vetó en su totalidad la Ley N° 27.796, que declaraba la emergencia en pediatría y residencias médicas por un año. La norma, aprobada recientemente por el Congreso, buscaba garantizar el acceso equitativo a la salud infantil y mejorar las condiciones laborales del personal médico.
La medida fue oficializada este jueves mediante el Decreto 651/2025, publicado en el Boletín Oficial, pocas horas después del veto a la Ley de Financiamiento Universitario. Según el Ejecutivo, la iniciativa presentaba fallas técnicas, un alto costo fiscal –estimado en más de \$115.000 millones– y representaba un riesgo para el equilibrio económico del país.
Entre los argumentos del veto se destacan la falta de criterios claros para asignar recursos, el impacto sobre la coparticipación federal y la posibilidad de generar distorsiones salariales dentro del sistema de salud. Además, el Gobierno cuestionó que el Congreso intentara derogar una resolución del Ministerio de Salud, algo que considera una intromisión en las competencias del Ejecutivo.
Uno de los puntos más controvertidos del proyecto era la declaración del Hospital Garrahan como centro de referencia nacional, algo que el Gobierno calificó de redundante. En defensa de su gestión, el Ejecutivo destacó la reducción del déficit del hospital y la mejora en su funcionamiento administrativo.
La decisión provocó rechazo en sectores opositores y organizaciones médicas, que advierten sobre las consecuencias del veto en un contexto crítico para la salud infantil. El oficialismo, por su parte, sostiene que la medida responde a la necesidad de evitar un “gasto desmedido e irresponsable”, en línea con la política de equilibrio fiscal que impulsa el Gobierno.
