El Gobierno provincial promulgó este miércoles una nueva ley que establece la realización obligatoria de exámenes toxicológicos para todos los funcionarios que ocupen cargos políticos o jerárquicos en los tres Poderes del Estado. La medida tiene como objetivo garantizar que quienes desempeñan funciones públicas no consuman sustancias psicoactivas ilegales mientras ejercen su cargo.
La norma alcanza a autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a organismos constitucionales y municipios. Según lo establecido, los controles deberán realizarse anualmente, tras un primer examen obligatorio dentro de los dos meses posteriores a la entrada en vigencia de la ley.
Quiénes deberán someterse al examen
- Poder Ejecutivo: Gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios, subsecretarios, funcionarios de entes autárquicos y descentralizados, vocales e integrantes de directorios.
- Poder Legislativo: Presidente de la Cámara y legisladores provinciales.
- Poder Judicial: Ministros del Superior Tribunal de Justicia, procurador general, defensor general, jueces, fiscales, defensores y asesores de niñas, niños y adolescentes de todas las circunscripciones.
- Organismos constitucionales: Defensoría del Pueblo, Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento.
- Municipios: Intendentes y concejales.
Procedimiento ante resultados positivos
La ley establece que, si un examen detecta metabolitos de sustancias psicoactivas ilegales, cada organismo deberá evaluar la situación y determinar si el funcionario debe ser suspendido, licenciado o separado temporalmente hasta su recuperación. Todo esto se realizará respetando la Constitución provincial, la legislación vigente y las garantías individuales del funcionario involucrado.
Realización y costos de los exámenes
Los estudios se realizarán exclusivamente en dos organismos oficiales: el Laboratorio Central de la Provincia y el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses del Poder Judicial. Cada funcionario deberá cubrir el costo de su propio examen. Además, la normativa garantiza el derecho de defensa mediante los mecanismos de impugnación previstos por la legislación procesal vigente.
Implementación y adhesión municipal
La máxima autoridad de cada Poder u organismo será responsable de la aplicación de la ley y de dictar las disposiciones administrativas necesarias para su cumplimiento. La norma también invita a todos los municipios de la provincia a adherir al sistema de controles toxicológicos obligatorios.
