El caso judicial conocido como «PIMP», que involucra a la exintendenta de la ciudad de Resistencia, Aída Ayala, y a otras 16 personas acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada al lavado de activos de origen delictivo, continúa y tuvo lugar los alegatos por parte de la querella. En ellos se pidió la prisión y nulidad de función de por vida, Aída Ayala y Jacinto Sampayo diez años de prisión, y al abogado Alejandro Fisher a ocho años de prisión.
La Fiscalía Federal pidió la pena de diez prisión para Aída Ayala, ex intendenta de Resistencia -Chaco-, ex diputada nacional por un negociado con la basura cuando era jefa comunal. La fiscalía la acusó de varios delitos, como defraudación a la administración pública y lavado de dinero, y entre el miércoles y el jueves concluirá su alegato con la solicitud de años de prisión para ella y otros 16 acusados, entre ellos el secretario general del gremio de empleados judiciales de resistencia.
miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza.
Se le solicita una pena de cinco años de prisión por defraudación contra la Administración Pública y una pena adicional de ocho años de prisión por lavado activo.
El juicio oral comenzó en septiembre pasado y a fines de diciembre los fiscales federales Federico Carniel, Carlos Gonella e Indiana Garzón iniciaron sus alegatos. En la primera jornada adelantaron que iban a pedir condena para todos los acusados porque entendieron que en el proceso se probó que Ayala, como intendente de Resistencia, le asignó indebidamente a la empresa “Pimp S.A.” el negocio de la recolección de basura en la ciudad y que luego lavaron el dinero obtenido de los contratos: 260 millones de pesos.
