El Tribunal Oral Federal N.º 2 de Resistencia decidió aplazar hasta el próximo 30 de junio la lectura del veredicto en la causa que investiga presuntas irregularidades en contrataciones vinculadas al programa nacional “Mi Pueblo”, en la que está imputada la exfuncionaria y dirigente chaqueña Aída Ayala.
La exsecretaria de Asuntos Municipales durante el gobierno de Mauricio Macri —y exintendenta de Resistencia— enfrenta cargos por defraudación al Estado, acusada de haber favorecido con contratos con sobreprecios a la firma Service Hogar, en el marco de compras destinadas a municipios del interior del Chaco. Según la acusación, las contrataciones irregulares fueron tramitadas por la Municipalidad de Quitilipi, entonces gestionada por Carlos Casalboni.
El empresario Claudio Toledo, titular de Service Hogar, logró acceder a la suspensión del juicio a prueba: deberá cumplir reglas de conducta durante dos años, abstenerse de contratar con el Estado municipal y pagar 6 millones de pesos en concepto de reparación económica.
Además de Ayala, están imputados Miguel Vilte y Matías Balmaceda, exasesores de su equipo, quienes presentaron sus alegatos finales de forma remota. La Fiscalía solicitó una pena de cinco años de prisión para Ayala, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La causa, que ha generado fuerte repercusión en el ámbito político chaqueño y nacional, continúa bajo estricta observación judicial. El veredicto se conocerá el 30 de junio, según informó oficialmente el tribunal.
