El oficialismo y sus aliados en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados consiguieron este martes el dictamen de mayoría del proyecto de ley de Presupuesto 2026, con 28 firmas, y apuntan a aprobarlo este mismo miércoles en el recinto. La sesión ya fue convocada para las 14, en el marco del temario de sesiones extraordinarias.
A los 20 diputados de La Libertad Avanza se sumaron los integrantes del interbloque Fuerza del Cambio (Pro-UCR-MID) y legisladores que responden a gobernadores afines a la Casa Rosada: Catamarca (Raúl Jalil), Tucumán (Osvaldo Jaldo), Misiones (Hugo Passalacqua) y San Juan (Marcelo Orrego). Parte de estos bloques firmó el dictamen en disidencia.
La principal objeción surgió a partir de una modificación incorporada por el oficialismo: en el artículo 75 se incluyó la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, que habían sido vetadas por el presidente Javier Milei y luego insistidas por ambas cámaras del Congreso.
El Pro, en tanto, volvió a firmar en disidencia —como ya lo había hecho en noviembre— por la ausencia de partidas destinadas a saldar la deuda por coparticipación entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires.
Los dictámenes de minoría fueron presentados por Unión por la Patria, con 18 firmas, y por el interbloque Unidos, con 3.
La reunión de comisión comenzó al mediodía y se extendió hasta las 15, cuando fue levantada de manera abrupta por decisión del presidente de la comisión, Alberto “Bertie” Benegas Lynch. El encuentro fue la continuidad de una extensa jornada parlamentaria que había arrancado por la mañana con el debate en Legislación Penal del proyecto de Inocencia Fiscal.
Al abrir el debate, el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, celebró que se esté discutiendo un Presupuesto “con equilibrio fiscal”, al que definió como una deuda histórica de la Argentina. “El equilibrio fiscal nos permite saber qué va a gastar el Estado, en qué y cómo”, sostuvo, y cuestionó a la inflación como “un impuesto encubierto” que, según afirmó, el nuevo esquema busca dejar atrás.
Desde la oposición, el titular del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó el contenido del dictamen y recordó que durante 2024 y 2025 el Gobierno prorrogó el Presupuesto aprobado en 2022. “No hubo presupuesto por una decisión explícita del Gobierno de Milei, con el objetivo de aumentar la discrecionalidad”, afirmó, y adelantó que su espacio impulsará un dictamen propio para Presupuesto, Inocencia Fiscal y regla fiscal.
Martínez remarcó que su bloque propone garantizar la vigencia de las leyes de Financiamiento Universitario, Emergencia en Discapacidad y Emergencia en Pediatría, además de rechazar la derogación de normas vinculadas al financiamiento educativo, la ciencia y la tecnología. También reclamó fondos para jubilaciones, universidades, obra pública y una distribución equitativa de los ATN entre las provincias.
En la misma línea crítica se expresó Nicolás Massot, de Unidos, quien sostuvo que el dictamen oficial no incorpora leyes vetadas que representan apenas el 0,16% del PBI. “Hay recursos para beneficios impositivos, pero no para el Garrahan”, cuestionó.
Desde otros bloques, Natalia de la Sota pidió garantizar las transferencias a las cajas jubilatorias provinciales; Pablo Yedlin rechazó la derogación de leyes votadas e insistidas por el Congreso; y Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, denunció un fuerte ajuste en áreas sociales y un aumento en los pagos de la deuda.
Por el oficialismo, además de Bornoroni, expuso el diputado Adrián Ravier, quien defendió el equilibrio fiscal como condición para romper con décadas de crisis económicas. También cuestionó el financiamiento de las leyes objetadas por el Gobierno y aseguró que “en 2025 la economía está creciendo” y que el país mantendrá esa tendencia en los próximos años.
Según los supuestos macroeconómicos del proyecto, el Presupuesto 2026 prevé un crecimiento del PBI del 5%, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio estimado en $1.423 para diciembre del próximo año. El texto mantiene además la derogación de normas vinculadas al financiamiento educativo y científico, y recorta el alcance de la Ley de Zonas Frías, limitando los subsidios al gas exclusivamente a la Patagonia.
