Mercedes Alicia Strada fue procesada sin prisión preventiva por presunta defraudación contra la Administración Pública y uso de documento falso. La Justicia también ordenó un embargo de 25 millones de pesos sobre sus bienes.
La Justicia Federal procesó sin prisión preventiva a la contadora pública Mercedes Alicia Strada, acusada de haber intervenido en una presunta maniobra destinada a facilitar el acceso irregular a jubilaciones mediante la presentación de declaraciones laborales falsas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La resolución fue dictada por el juez federal Ricardo Mianovich, titular del Juzgado Federal N° 2 de Resistencia, quien consideró que existen elementos de prueba suficientes para atribuirle, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa del proceso, los delitos de defraudación contra la Administración Pública y uso de documento falso.
La investigación
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que interviene como querellante. El organismo detectó una serie de expedientes previsionales con presuntas irregularidades durante controles internos realizados en su área de fiscalización.
De acuerdo con la investigación judicial, la contadora habría presentado declaraciones juradas ante la ARCA en las que se registraban relaciones laborales inexistentes o vinculadas a empleadores que no desarrollaban actividad comercial, con el objetivo de que sus clientes completaran los 30 años de aportes exigidos por la Ley 24.241 para acceder a una jubilación.
Empleadores y trabajadoras desconocieron los vínculos laborales
Durante la investigación, dos de los empleadores involucrados, Jorge Oscar Pitteri y Luciano Vicente Mancuello, manifestaron ante los investigadores que desconocían a varias personas que figuraban como empleadas en sus registros previsionales.
A su vez, tres mujeres identificadas como Griselda Patricia Teruel, Rosa Melina Trinidad y Andrea Antonina Pérez declararon que nunca trabajaron para Pitteri y señalaron que únicamente habían contratado los servicios profesionales de Strada para gestionar sus trámites jubilatorios.
Un caso testigo
La resolución judicial describe como ejemplo el caso de Griselda Patricia Teruel, quien inicialmente no reunía los años de aportes necesarios para jubilarse.
Según la investigación, en apenas tres días de enero de 2025 fueron presentadas declaraciones juradas retroactivas que le atribuían una relación laboral bajo dependencia con el empleador Pitteri. Esa documentación habría permitido que accediera al beneficio previsional, que actualmente se encuentra suspendido.
Perjuicio económico y embargo
ANSES estimó que el perjuicio ocasionado al Estado nacional asciende a 15.085.619 pesos, cálculo realizado al 31 de marzo de este año.
Como parte de la resolución, el juez dispuso además un embargo preventivo sobre los bienes de la contadora por 25 millones de pesos, con el objetivo de garantizar un eventual resarcimiento económico en caso de una futura condena.
Hay otros casos bajo investigación
El expediente judicial también hace referencia a un total de 23 casos detectados por ANSES con presuntas irregularidades en solicitudes o beneficios previsionales. De ese universo, al menos dos jubilaciones que actualmente se encuentran en curso de pago tendrían intervención de la contadora procesada.
La causa continúa en etapa de instrucción bajo el expediente FRE 5335/2025. Durante su declaración indagatoria, Mercedes Alicia Strada optó por abstenerse de declarar, ejerciendo el derecho que le otorga la Constitución Nacional.
El procesamiento no constituye una condena, sino una resolución propia de la etapa investigativa del proceso penal, en la que el juez considera que existen elementos suficientes para que la causa continúe su trámite hacia las instancias posteriores.
