La causa que investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó este viernes un nuevo capítulo: los abogados defensores de Diego Orlando Spagnuolo, ex titular del organismo, presentaron su renuncia por “motivos personales”, en el mismo día en que se realizaron allanamientos clave y se hallaron 80 mil dólares sin declarar en una caja de seguridad vinculada al exfuncionario.
Los letrados Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze comunicaron su apartamiento mediante un escrito presentado ante la Justicia. “Por medio del presente, manifestamos que por motivos personales renunciamos al cargo de abogados defensores del Sr. Diego Orlando Spagnuolo que nos fuera oportunamente conferido”, señala el documento.
La decisión se conoció en paralelo a una serie de operativos dispuestos por el fiscal Franco Picardi, que incluyeron allanamientos a propiedades de Spagnuolo y del también ex funcionario de ANDIS, Daniel Garbellini. En uno de los procedimientos, realizado en una sucursal bancaria, se encontró una caja de seguridad a nombre de Spagnuolo con 80 mil dólares y 2 mil euros sin declarar.
Causa bajo secreto y sin imputaciones formales
Aunque el expediente se encuentra bajo secreto de sumario, fuentes judiciales confirmaron que, hasta el momento, ni Spagnuolo ni Garbellini ni los dueños de la droguería Suizo Argentina —también investigada en el caso— fueron imputados formalmente.
En tanto, los exfuncionarios se desmarcaron del pedido de nulidad presentado por la defensa de la familia Kovalivker, propietaria de la droguería, quienes cuestionaron la validez de los audios incorporados como prueba y denunciaron una supuesta vulneración del derecho a la intimidad. El planteo sostiene que el inicio del proceso estuvo marcado por “oscurantismo” y falta de garantías.
Los abogados salientes de Spagnuolo habían solicitado más tiempo para revisar el expediente antes de fijar una postura definitiva, dejando abierta la posibilidad de que su defendido pudiera colaborar con la Justicia como imputado colaborador. Sin embargo, desde su entorno afirman que aún no se ha tomado una decisión.
Mientras tanto, el juez federal Sebastián Casanello aguarda las respuestas del fiscal Picardi y de la querella —encabezada por la ONG Poder Ciudadano— para resolver si acepta o no el pedido de nulidad. Esta decisión, en cualquier caso, podrá ser apelada.
La causa sigue bajo reserva, con nuevas medidas judiciales en análisis y un clima de creciente tensión en torno al futuro procesal de los implicados.
