El Poder Ejecutivo nacional publicó este lunes en el Boletín Oficial el decreto reglamentario que pone en marcha la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que busca incentivar el ingreso al circuito formal de los ahorros no declarados —los llamados “dólares del colchón”— y modificar el modo en que el fisco controla a los contribuyentes.
La medida fue formalizada mediante el Decreto 93/2026, que activa el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) y redefine los criterios de fiscalización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). A partir de ahora, el organismo sólo podrá controlar los ingresos declarados y las deducciones admitidas, dejando fuera de la revisión la variación patrimonial, los consumos personales y los depósitos bancarios de ejercicios anteriores.
Qué implica la normativa y a quiénes alcanza
La reglamentación establece que el nuevo régimen es voluntario y está dirigido a personas humanas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones, calculados año por año en los últimos tres ejercicios. Quedan excluidos los grandes contribuyentes, un grupo estimado en cerca de 900 personas.
Dentro del RSG, ARCA pondrá a disposición una declaración jurada precargada que el contribuyente podrá aceptar o modificar antes de pagar el impuesto. Si se cumple con la presentación y el pago en término, se activa lo que se conoce formalmente como “efecto liberatorio”: el fisco no podrá reabrir la revisión de esos períodos, tanto en lo administrativo como en lo penal, salvo que se detecte una discrepancia significativa, como una diferencia superior al 15 % del impuesto o el uso de facturas apócrifas.
Dólares del colchón y bancarización
La reglamentación detalla el mecanismo para que los ahorros no declarados puedan ingresar al sistema financiero y ser utilizados sin que se revise el patrimonio pasado. Los fondos deberán depositarse en una cuenta bancaria o transferirse directamente al vendedor o destinatario de la operación. Además, se elevaron los umbrales de información bancaria, de modo que operaciones de hasta $10 millones mensuales no generarán reportes automáticos a ARCA.
La medida también mantiene la excepción para la compra de inmuebles: esta clase de operaciones podrá seguir realizándose en efectivo sin necesidad de bancarización.
Cambios en fiscalización, sanciones y penal
El decreto reglamentario no sólo modifica el régimen de controles, sino que también actualiza las multas administrativas, con incrementos significativos en sus valores, y cambia los criterios de aplicación. ARCA ahora deberá enviar recordatorios previos con plazos para regularizar antes de proceder a intimaciones o sanciones.
En materia penal, se elevaron los umbrales de punibilidad: el monto a partir del cual se configura evasión simple sube a $100 millones y el de evasión agravada a $1.000 millones. Asimismo, se estableció una reducción de la prescripción para contribuyentes cumplidores, de cinco a tres años, y se habilitó un mecanismo de regularización voluntaria que permite extinguir la acción penal mediante el pago de la deuda, intereses y una multa extra.
Reacciones y perspectivas
El Gobierno sostiene que la reglamentación tiene como objetivo reactivar la economía al facilitar la formalización de ahorros que históricamente se mantuvieron fuera del sistema formal, con cifras estimadas que rondarían los cientos de miles de millones de dólares informales.
Sin embargo, la medida también ha generado incertidumbre en sectores financieros, que habían reclamado precisiones normativas antes de recibir depósitos de estos ahorros, así como críticas de diversos analistas que advierten sobre los posibles efectos en el control fiscal y la prevención del lavado de activos.
Con la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal, el Gobierno busca transformar un mecanismo excepcional en un esquema permanente para integrar al sistema formal los fondos que históricamente quedaron “bajo el colchón”, con la intención de dinamizar el consumo, la inversión y el entramado financiero argentino.
