El diputado nacional y presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, presentó una acción de amparo contra la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución 7018-D-2025. La iniciativa judicial apunta a impugnar la designación de nuevos auditores generales para la Auditoría General de la Nación (AGN), aprobada durante la madrugada del pasado 18 de diciembre.
De acuerdo a lo informado por medios nacionales, Ritondo también solicitó una medida cautelar urgente para que la AGN no acepte las designaciones de Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti hasta que la Justicia resuelva el fondo de la cuestión.
Cuestionamientos al procedimiento
En la presentación realizada ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, el legislador detalló una serie de irregularidades ocurridas durante la sesión especial en la que se aprobaron los nombramientos.
Entre los principales cuestionamientos, señaló que la designación fue incorporada de manera sorpresiva cerca de las 3 de la madrugada por el diputado Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza), sin que el tema estuviera incluido en el temario oficial de las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo.
Además, denunció que no se especificó el tipo de moción, que no hubo dictamen previo de comisión ni un pedido formal para apartarse del reglamento. Ritondo calificó la votación como una decisión tomada “entre gallos y medianoche” y sin el debate público correspondiente.
Ante esta situación, el interbloque Fuerza del Cambio y otros bloques opositores se retiraron del recinto en señal de rechazo, al considerar que se trataba de un acto manifiestamente inconstitucional.
Los argumentos del amparo
En el escrito, Ritondo sostuvo que el Congreso no tiene facultades para incorporar temas por iniciativa propia durante las sesiones extraordinarias, ya que la definición del temario es una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo. También remarcó que la Auditoría General de la Nación es un organismo de control externo y que su integración debe respetar el equilibrio entre las mayorías y las minorías parlamentarias.
La demanda incluye, además, un planteo de inconstitucionalidad contra algunos artículos de la Ley 26.854 sobre medidas cautelares, al considerar que limitan el acceso a una tutela judicial efectiva y afectan la división de poderes. Por último, el diputado recordó antecedentes judiciales de 2015 en los que la Justicia frenó designaciones similares en la AGN por irregularidades en el procedimiento.
