El Ejecutivo evalúa avanzar por ley con cambios en el cabotaje y no descarta incluir una reforma del practicaje. Antes, buscará alcanzar acuerdos con los sectores involucrados.
Luego del conflicto que paralizó durante varios días la actividad en distintos puertos del país, el Gobierno nacional analiza enviar al Congreso un proyecto para avanzar con parte de su agenda de desregulación marítima.
Según informaron medios nacionales, el Ejecutivo mantiene entre sus principales objetivos una reforma del cabotaje y no descarta llevar también al Congreso cambios relacionados con el practicaje, aunque en este último caso la intención es avanzar primero mediante una mesa de diálogo con los representantes del sector.
La decisión se analiza después de que el Gobierno suspendiera el Decreto 690/2026, una medida que había generado un fuerte conflicto con trabajadores y representantes de la actividad marítima y que derivó en la paralización del movimiento de buques.
Desde el Gobierno sostienen que la suspensión del decreto significó un retroceso en la estrategia inicial, pero aseguran que mantienen el objetivo de reducir los costos y modificar regulaciones que, según su diagnóstico, afectan a la navegación comercial.
El cabotaje, el cambio que podría llegar al Congreso
Uno de los principales puntos que analiza el Ejecutivo es el cabotaje, que consiste en el transporte de mercaderías o pasajeros entre distintos puntos del territorio argentino.
El Gobierno ya trabajaba en un proyecto legislativo que contempla cambios en este régimen y que podría permitir, bajo determinadas condiciones, la participación de buques de bandera extranjera en este tipo de transporte.
El borrador también contempla modificaciones a diferentes normas vinculadas con la navegación, las condiciones de las tripulaciones y el régimen de promoción de la Marina Mercante.
La intención oficial es aumentar la competencia y reducir los costos vinculados con el transporte marítimo, al considerar que estos cambios podrían tener impacto en la actividad comercial del país.
Qué es el practicaje y por qué generó conflicto
El practicaje es el servicio mediante el cual profesionales especializados asesoran a los capitanes de los barcos durante las maniobras y la navegación en ríos, canales, pasos y puertos.
El Gobierno había intentado modificar las reglas de esta actividad mediante el Decreto 690/2026. Entre otras cuestiones, la norma eliminaba el límite para la inscripción de prácticos habilitados, permitía su contratación directa como profesionales independientes y establecía nuevas condiciones para las tarifas y la prestación del servicio.
Estas modificaciones generaron rechazo entre distintos sectores vinculados a la actividad marítima. El conflicto terminó afectando el movimiento de más de un centenar de buques y tuvo consecuencias sobre operaciones vinculadas con exportaciones, combustibles y proyectos energéticos.
El Gobierno busca ahora una mesa de diálogo
Tras la suspensión del decreto, el Ejecutivo decidió abrir una mesa de trabajo para revisar las cuestiones que provocaron el conflicto.
La instancia funcionará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y contará con representantes de Prefectura Naval, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y el sector privado.
El objetivo será analizar las normas relacionadas con el practicaje y avanzar en una nueva regulación que permita garantizar la continuidad del servicio y evitar que vuelva a paralizarse la actividad portuaria.
Por este motivo, el Gobierno todavía no definió si los cambios sobre el practicaje serán incluidos en un proyecto de ley. Primero pretende avanzar en la mesa de negociación y, a partir de sus resultados, determinar los próximos pasos.
Una reforma que todavía está en análisis
La posibilidad de enviar un proyecto al Congreso todavía no está definida en su totalidad. El Gobierno evalúa separar los distintos puntos de su agenda marítima y avanzar de manera gradual.
El cabotaje aparece como el aspecto con mayores posibilidades de ser incorporado a un proyecto legislativo, mientras que la reforma del practicaje quedará, por ahora, vinculada al diálogo con los sectores involucrados.
De esta manera, el Ejecutivo busca mantener su objetivo de reducir costos logísticos y aumentar la competencia en el transporte marítimo, pero intenta evitar un nuevo conflicto que pueda afectar el funcionamiento de los puertos y la actividad comercial del país.
