Alberto Montes, edil de San Isidro, quedó envuelto en una fuerte controversia luego de que se difundiera un video en el que toca a una compañera de trabajo sin su consentimiento. Aunque alcanzó un acuerdo económico con la denunciante, la Justicia rechazó un pedido de sobreseimiento y el caso podría llegar a juicio oral.
El concejal de San Isidro Alberto Montes, integrante de La Libertad Avanza, enfrenta una causa penal por presunto abuso sexual que continúa en trámite judicial pese a haber alcanzado un acuerdo económico con la mujer que lo denunció por un hecho ocurrido en noviembre de 2023.
La denuncia se originó a partir de un episodio registrado por cámaras de seguridad de una dependencia municipal, donde Montes se desempeñaba como inspector de tránsito antes de asumir su banca en el Concejo Deliberante. En las imágenes se observa al entonces empleado municipal ingresar a una oficina y tocar a una compañera de trabajo que se encontraba de espaldas. La mujer reaccionó de inmediato golpeándolo, mientras toda la secuencia quedó registrada por las cámaras del lugar.
El hecho ocurrió pocas semanas antes de que Montes asumiera como concejal tras resultar electo en los comicios de 2023. A partir de la denuncia se iniciaron acciones tanto en el ámbito civil como en el penal.
Acuerdo económico
En el marco de la demanda civil, las partes alcanzaron un acuerdo mediante el cual el edil se comprometió a pagar una indemnización de 12 millones de pesos a la denunciante, suma que sería abonada en cuotas.
Sin embargo, el caso volvió a adquirir notoriedad pública luego de que trascendiera que el acusado se habría retrasado en algunos de los pagos comprometidos, situación que derivó en una intimación judicial para regularizar la situación.
La causa penal continúa
Más allá del acuerdo económico, la investigación penal sigue su curso. La causa está caratulada como abuso sexual y la Justicia ya rechazó un pedido de sobreseimiento presentado por la defensa.
Fuentes vinculadas al expediente señalaron que el acuerdo alcanzado entre las partes en el fuero civil no extingue la acción penal, por lo que el proceso judicial continúa avanzando y podría llegar a juicio oral en octubre.
La instancia será clave para determinar las responsabilidades penales del concejal y definir si existen elementos suficientes para una eventual condena.
Repercusiones políticas
El caso también generó repercusiones dentro de la política local. Sectores de la oposición impulsan la remoción de Montes del Concejo Deliberante y cuestionan la falta de avances institucionales frente a una denuncia de estas características.
La concejal peronista Estefanía Rivadulla manifestó que las instituciones no pueden permanecer indiferentes ante hechos que involucran denuncias por violencia sexual y advirtió sobre la necesidad de garantizar mecanismos de control y sanción dentro de los espacios públicos.
No obstante, el bloque opositor no cuenta actualmente con los votos necesarios para promover una destitución, ya que el oficialismo y sus aliados conservan la mayoría dentro del cuerpo legislativo.
La postura del acusado
Consultado sobre la situación, Montes minimizó el episodio y sostuvo que se trató de «un chiste» que terminó derivando en una denuncia durante el contexto de la campaña electoral.
Además, afirmó que existió un pedido de disculpas mutuo entre las partes y señaló que el acuerdo económico alcanzado con la denunciante fue aceptado y se encuentra pendiente de homologación judicial.
Mientras tanto, la causa penal continúa avanzando y mantiene una fuerte repercusión política y social en San Isidro, donde el futuro judicial y político del concejal permanece bajo análisis.
