La jueza Tatiana Dip declaró inconstitucional una norma que limitaba el monitoreo electrónico a adultos. La medida busca promover la resocialización y garantizar el cumplimiento de arrestos domiciliarios.
En una decisión sin precedentes para la justicia juvenil argentina, la jueza de primera instancia en lo Penal y Juvenil de Salta, Tatiana Dip, declaró la inconstitucionalidad de una norma que impedía la utilización de dispositivos de monitoreo electrónico —tobilleras— en adolescentes procesados, habilitando su aplicación en casos de menores en conflicto con la ley penal.
La resolución, que responde a una presentación conjunta del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público Pupilar de Salta, modifica un criterio histórico que reservaba el uso de estas herramientas exclusivamente para personas adultas. A partir de este fallo, se abre la posibilidad de aplicar esta medida a jóvenes mayores de 16 años que se encuentren bajo arresto domiciliario, en especial en causas vinculadas a violencia sexual intrafamiliar.
“La resolución sienta un precedente clave al priorizar alternativas a la privación de libertad en centros especializados”, afirmó la jueza Dip en diálogo con Cadena 3, y subrayó que el objetivo central del régimen penal juvenil es la resocialización. “Este tipo de medidas permite que los adolescentes puedan continuar con sus estudios y evitar el impacto negativo del encierro en su desarrollo personal”, agregó.
El fallo busca conjugar el principio del interés superior del niño con mecanismos que aseguren el cumplimiento de las decisiones judiciales. En ese sentido, el uso de las tobilleras electrónicas se presenta como una vía intermedia entre la libertad plena y el encierro institucional, permitiendo un control efectivo sin desarraigo del entorno familiar ni educativo.
La implementación de la medida estará a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad de Salta, que deberá realizar un relevamiento para asegurar la disponibilidad de dispositivos y garantizar su correcta aplicación.
Asimismo, se anticipó que se evaluarán otras alternativas a la detención preventiva, en línea con la normativa nacional e internacional vigente, con el objetivo de fortalecer un enfoque más restaurativo y menos punitivo en el abordaje de los jóvenes en conflicto con la ley.
La decisión de la magistrada representa un cambio de paradigma en la política judicial de la provincia y podría sentar las bases para futuras reformas a nivel federal, en un contexto donde la justicia penal juvenil aún enfrenta desafíos estructurales en cuanto a recursos, tratamiento institucional y respeto de derechos fundamentales.
