El Gobierno formó una comisión que removerá regulaciones estatales para adecuar y armonizar las reglamentaciones nacionales a los estándares del resto de los países del Mercosur, que tienen muchos menos requisitos
y ahora se focalizó en la Hidrovía.
“Créase la Comisión de Armonización Normativa de Puertos y Vías Navegables con carácter ad hoc y cuyos integrantes actuarán ad honorem, la que funcionará en el ámbito de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, con el objeto de estudiar, elaborar y proponer modificaciones y/o nuevas reglamentaciones al decreto-ley 19492 del 14 de agosto de 1944 y a las leyes 20094, 27419 y a cualquier otra normativa que se considere necesaria para dar cumplimiento a lo establecido por el decreto de necesidad y urgencia 70 del 20 de diciembre de 2023”, se publicó este jueves en el Boletín Oficial.
La comisión, a la que serán invitados los distintos sectores privados involucrados, deberá elevar anualmente un informe para consideración de la Secretaría de Transporte y será presidida con carácter ad honorem al abogado Cristian Luis Rigueiro, quien determinará su organización y funcionamiento interno.
Si bien no se hizo mención qué tipo de normativa se busca remover, queda claro en los considerandos del decreto publicado este jueves que el gobierno busca adecuar y armonizar las reglamentaciones en materia de comercio y servicios a los estándares del resto de los países del Mercosur, por ejemplo de Paraguay que tiene muchas menos desregulaciones y requisitos para la actividad.
“El Estado Nacional promoverá y asegurará la vigencia efectiva, en todo el territorio nacional, de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia, con respeto a la propiedad privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo” y que para cumplir ese fin, se dispondrá la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional y quedarán sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y de la demanda”, señala el decreto.
El decreto de este jueves se fundamenta en el famoso DNU del gobierno y en la Ley Bases impulsados por el presidente Javier Milei para retirar al Estado de la economía. Y también va en línea con el objetivo de licitar a un operador privado la administración de la hidrovía, que está bajo control oficial desde el gobierno de Alberto Fernández.
“A través del decreto de necesidad y urgencia 70 del 20 de diciembre de 2023 se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Que por el artículo 2° del mencionado decreto se establece que “El Estado Nacional promoverá y asegurará la vigencia efectiva, en todo el territorio nacional, de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia, con respeto a la propiedad privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo” y que “[p]ara cumplir ese fin, se dispondrá la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional y quedarán sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y de la demanda”, finaliza la normativa publicada este jueves
