La Procuración del Tesoro presentó escritos ante la jueza Preska para frenar la ejecución de la sentencia que obliga a transferir la mayoría accionaria de YPF.
El Gobiernoargentino presentó una apelación formal ante la jueza Loretta Preska, de Nueva York, para evitar la ejecución de la sentencia que lo obliga a transferir el 51% de las acciones de YPF a fondos de inversión que ganaron el juicio por la expropiación de la petrolera. La medida judicial responde a un fallo que impone al país el pago de una indemnización de más de 16 mil millones de dólares y que, según los demandantes, debe saldarse mediante acciones de clase D.
Los abogados contratados por la Procuración del Tesoro plantearon diversos argumentos para rechazar el fallo. Entre ellos, sostienen que el caso presenta característicasinéditas en la jurisprudenciainternacional y que incluso el gobierno de Estados Unidos manifestó reparos sobre las implicancias de permitir un embargo forzado de acciones estatales. También indicaron que cumplir con la orden implicaría violar la legislación nacional vigente, ya que cualquier transferencia de acciones de YPF requiere una ley aprobada por dos tercios del Congreso, según lo establece la normativa sancionada en 2012.
El escrito también advierte que ejecutar la sentencia generaría un daño irreparable al interés público y podría activar cláusulas legales perjudiciales para YPF y sus socios. Según la defensa argentina, no hay un perjuicio concreto e inmediato para los demandantes si se suspende la ejecución, y sí podría haber consecuencias negativas para terceros, como provincias productoras o acreedores internacionales.
En paralelo, el Gobierno también presentó argumentos en la causa Bainbridge, otro juicio en el que se ordena entregar acciones de YPF como forma de resarcimiento por deuda en default. En este caso, se sostiene que la sentencia viola la ley argentina que protege los recursos hidrocarburíferos como dominio público. Ambos planteos insisten en la ausencia de antecedentes que permitan ejecutar activos de un Estado soberano bajo estas condiciones, lo que, según la defensa, refuerza la posibilidad de revertir el fallo.
