La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó el procesamiento del intendente de Taco Pozo, Carlos Ibáñez, en el marco de una causa que investiga un presunto esquema de fraude con pensiones no contributivas por discapacidad. La Justicia lo acusa de liderar una red ilícita orientada a simular situaciones de discapacidad para acceder a beneficios previsionales, en complicidad con médicos, funcionarios y personal municipal.
Ibáñez fue procesado sin prisión preventiva, aunque la resolución ratifica su responsabilidad como organizador de una asociación ilícita y lo vincula con múltiples delitos, entre ellos defraudación al Estado, falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público. También fueron confirmadas las imputaciones contra su hija, Gabriela Ibáñez Gelabert, y otras siete personas de su entorno político.
La investigación, impulsada por la Fiscalía Federal de Sáenz Peña, reveló una estructura de corrupción que habría operado durante varios años en el municipio chaqueño, beneficiando de manera irregular a cientos de personas con pensiones por invalidez. Según el Ministerio Público, en Taco Pozo –una localidad de apenas 10.000 habitantes– se habrían otorgado más de 600 pensiones en apenas dos años.
En su fallo, las camaristas Rocío Alcalá y Patricia Beatriz García señalaron que el caso evidencia una “confusión ética entre lo público y lo privado” y una falta de transparencia sistemática por parte del Estado municipal.
Reacciones políticas
El presidente de La Libertad Avanza en Chaco y delegado regional de ANSES, Alfredo “Capi” Rodríguez, celebró la resolución judicial y apuntó duramente contra el intendente y su gestión:
“El procesamiento de Ibáñez le devuelve algo de dignidad al pueblo chaqueño. No hay más lugar para intendentes feudales que compran votos con la necesidad de la gente. Esto no es política, es crimen organizado.”
Rodríguez también vinculó el esquema con prácticas clientelares asociadas al kirchnerismo y sostuvo que “se acabó el tiempo de las pensiones truchas y las cajas negras”.
“No es casualidad que en un pueblo tan chico se hayan entregado más de 600 pensiones por discapacidad. Pedían plata y militancia a cambio. Ahora deberán rendir cuentas”, concluyó.
La causa continúa su curso y se espera que en los próximos meses se definan nuevas medidas judiciales, mientras crece el impacto político del escándalo en el Chaco profundo.
