Con una capacitación inédita y enfoque en derechos humanos, la provincia modernizó procedimientos institucionales vigentes desde hace más de 30 años.
Chaco se convirtió en la primera provincia del país en actualizar integralmente las prácticas de evaluación de discapacidad, en línea con los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta transformación se dio en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional del IPRODICH, con el acompañamiento de la Fundación Itineris y el financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Durante un año, más de 30 profesionales de las Juntas Evaluadoras y del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (IPRODICH) participaron de una experiencia formativa que combinó capacitación virtual, encuentros presenciales y dinámicas de trabajo colaborativo. El proceso permitió revisar y actualizar criterios, prácticas y enfoques que se mantenían sin modificaciones desde hace más de tres décadas.
“Representa un gran plus de calidad institucional. Nos motiva a seguir trabajando en pos del cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, que desde el organismo debemos proteger”, expresó la presidenta del IPRODICH, Ana María Mitoire, al cierre del proceso formativo.
Un enfoque innovador y participativo
El consultor externo Diego González Castañón, quien acompañó el proceso, destacó el carácter pionero de la iniciativa:
“Chaco es la primera provincia donde se realiza este tipo de actualización. Lo innovador es que los propios profesionales propusieron cambios desde sus saberes y experiencias.”
Por su parte, la consultora Andrea Aznar subrayó el enfoque colaborativo y el compromiso institucional que caracterizó a la formación:
“No solo se capacitó, sino que se generó producción propia dentro de las juntas, en un marco de horizontalidad y participación real.”
Entre las principales conclusiones del programa, se remarcó la necesidad de fortalecer la articulación entre las Juntas Evaluadoras, otros organismos estatales y diversas áreas de gobierno, a fin de aprovechar la información producida como herramienta clave para el diseño de políticas públicas inclusivas.
Hacia una evaluación más justa y humanizada
La actualización de criterios apunta a consolidar un modelo de evaluación más centrado en la persona, sus contextos y derechos, y menos basado en una visión exclusivamente médica o asistencialista. La iniciativa busca, además, brindar mayor claridad, equidad y transparencia en los procesos que determinan el acceso a derechos, beneficios y prestaciones para personas con discapacidad.
Con este paso, Chaco no solo moderniza sus prácticas institucionales, sino que sienta un precedente a nivel nacional en materia de inclusión, accesibilidad y garantía de derechos.
