En un fallo que resuena fuertemente en la política chaqueña, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó este lunes el avance de la causa por presuntas irregularidades vinculadas a la adjudicación de tierras fiscales durante la gestión del exgobernador Jorge Capitanich. La decisión rechaza los planteos de nulidad presentados por las defensas del exmandatario, la exministra de Ambiente, Marta Soneira, y otros imputados, permitiendo que la investigación continúe en la etapa de instrucción.
El caso, que investiga delitos como fraude contra la administración pública, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, comenzó a tomar forma tras una denuncia de la Fundación Vida Silvestre. En su resolución, las juezas Patricia García y Rocío Alcalá avalaron el requerimiento del fiscal federal Carlos Amad, quien describió las conductas que configuraría el posible delito, apuntando a maniobras irregulares en la adjudicación de tierras fiscales y a posibles vínculos con la malversación de fondos públicos.
Además de Capitanich y Soneira, también fueron imputados en la causa Mauricio Ariel Cian, Leandro Nicolás Bessone, Federico Storti y Nelson Ariel Pochón, quienes habrían integrado una presunta red que manipuló la entrega de tierras para beneficiar a allegados políticos y socios privados.
Las defensas de los imputados habían solicitado la nulidad del proceso, alegando que las acusaciones eran vagas y carecían de pruebas concluyentes. También argumentaron que la investigación ya había sido evaluada en instancias previas, judiciales y administrativas, y que el caso tenía un marcado tinte político. Sin embargo, el tribunal desestimó estos reclamos, reafirmando que el llamado a indagatoria no implica una presunción de culpabilidad, sino una etapa formal que garantiza el derecho a la defensa de los imputados.
El fallo subraya que la calificación de los hechos es provisional y susceptible de ser modificada, lo que deja abierta la posibilidad de que la investigación continúe su curso para esclarecer las responsabilidades de los imputados. De acuerdo con los jueces, la acusación del fiscal Amad es válida para avanzar en la etapa de instrucción, y no se hallaron violaciones a las garantías constitucionales que pudieran invalidar el proceso.
El caso no solo involucra las presuntas irregularidades en la adjudicación de tierras, sino que también se extiende al régimen de promoción industrial en la provincia del Chaco, específicamente entre los años 2019 y 2023. La resolución podría tener un impacto significativo en la política local, dado el alto perfil de los involucrados y el contexto de las elecciones que se avecinan.
Con la causa en marcha, el futuro judicial de Capitanich, Soneira y los demás imputados está aún por definirse, y el caso continuará siendo uno de los más comentados en el ámbito político y judicial de la provincia.
