Luego de la polémica salida de Diego Spagnuolo, el Gobierno nacional designó a Alejandro Vilches como nuevo titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La decisión fue acompañada por el anuncio de una auditoría interna sobre todos los procesos del organismo, tras las denuncias públicas de presuntos hechos de corrupción.
Vilches, hasta ahora secretario de Gestión Sanitaria y hombre cercano al ministro de Salud, Mario Lugones, asumirá formalmente su nuevo cargo una vez que el presidente Javier Milei firme el decreto correspondiente, que será publicado en el Boletín Oficial este viernes.
La designación llega días después de la difusión de una serie de audios atribuidos a Spagnuolo, donde se denunciaban maniobras irregulares y supuestos pedidos de coimas dentro del organismo. Si bien desde Casa Rosada aseguraron que hasta el momento no hay pruebas concluyentes sobre la veracidad de los audios, el Ejecutivo confirmó que colaborará con la Justicia y con cualquier instancia de investigación que se abra a raíz de lo sucedido.
¿Quién es Alejandro Vilches?
Vilches es médico egresado de la Universidad del Salvador y cuenta con una extensa trayectoria en el sistema de salud y en la gestión pública. Fue asesor en la Jefatura de Gabinete y en el Congreso Nacional, además de desempeñarse en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y en la Armada Argentina.
También ocupó el cargo de director general de Evaluación de Calidad de los Servicios de Salud en la Ciudad de Buenos Aires, y tuvo responsabilidades como director médico o gerente de prestaciones en diversas obras sociales, entre ellas las de ceramistas, químicos y petroquímicos de Zárate-Campana, trabajadores del cuero y del gremio de la carne.
Auditoría interna y más desplazamientos
En paralelo, el Gobierno oficializó el desplazamiento de Daniel Garbellini, hasta ahora director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, quien fue señalado directamente en las denuncias por presunto cobro de coimas.
La auditoría interna buscará revisar contrataciones, asignación de prestaciones y procedimientos administrativos, con el objetivo de detectar irregularidades y depurar responsabilidades.
Desde el entorno presidencial aseguraron que el objetivo es «ordenar y transparentar» el funcionamiento del organismo, clave para la atención y protección de los derechos de las personas con discapacidad.
