El fiscal federal Patricio Sabadini formalizó el requerimiento de elevación a juicio contra Emerenciano Sena y su esposa, Marcela Acuña, a quienes acusa de haber montado durante más de una década una estructura financiera destinada a lavar fondos presuntamente ilícitos, obtenidos a través de contratos con el Estado, operaciones inmobiliarias y la utilización de la Fundación Doctor Saúl Andrés Acuña como vehículo central del esquema.
La acusación considera que el matrimonio chaqueño, referente de un poderoso movimiento piquetero en la provincia, incurrió en el delito de lavado de activos agravado por la habitualidad, conforme al artículo 303 del Código Penal, al canalizar recursos de origen irregular para consolidar su poder político y patrimonial.
La presentación de Sabadini se produce en un contexto judicial particularmente sensible. El 28 de octubre comenzará el juicio oral por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años desaparecida y asesinada en junio de 2023, cuya causa tiene como principal acusado a César Sena, hijo del matrimonio. El proceso se desarrollará bajo la modalidad de jurado popular y se extenderá durante noviembre, con la participación de la camarista Dolly Fernández como jueza técnica.
En su requerimiento, el fiscal reconstruyó un complejo entramado de movimientos financieros, contratos estatales y adquisiciones patrimoniales que, según la investigación, no se corresponden con los ingresos declarados por los imputados. Entre los bienes incorporados al patrimonio familiar figuran vehículos de alta gama, camiones, inmuebles urbanos y rurales, así como viajes internacionales que no podrían justificarse con sus sueldos como empleados públicos ni con las actividades registradas por la fundación.
La Fundación Doctor Saúl Andrés Acuña, creada y dirigida por Sena y Acuña, fue señalada como la pieza clave del circuito de blanqueo. Durante años recibió transferencias millonarias del Estado provincial, buena parte de las cuales —según consta en el expediente— fueron retiradas en efectivo sin que se identificara el destino final del dinero. En los estados contables de 2022, por ejemplo, se registraron gastos por más de $120 millones en rubros como “mano de obra y materiales”, un 454% más que el año anterior, pese a que los ingresos facturados apenas alcanzaron los $50 millones.
También se identificaron irregularidades en los fondos destinados a la construcción de viviendas sociales. En 2023, el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP) transfirió $48 millones para levantar 40 viviendas, pero una inspección oficial constató que las obras no habían comenzado. Al ser intimada, la fundación alegó no contar con el dinero y ofreció en compensación un camión Mercedes Benz adquirido meses antes con aportes no reintegrables del mismo organismo.
El fiscal remarcó que estas maniobras no fueron hechos aislados, sino que respondieron a un patrón sistemático y prolongado en el tiempo. “Las acciones de los imputados se repitieron desde al menos 2015, mediante adquisiciones sucesivas y la simulación contable de gastos inexistentes”, indicó Sabadini. Para el Ministerio Público, la estructura delictiva tuvo como fin no solo ocultar el origen ilícito de los fondos, sino también infiltrar la economía formal y fortalecer una red de poder basada en el clientelismo y el acceso privilegiado a recursos estatales.
Uno de los aspectos relevantes de la acusación es que, en materia de lavado de activos, no se requiere una condena previa por el delito antecedente. Basta con acreditar que los bienes tienen un origen delictivo y que se intentó otorgarles apariencia legal. En este caso, los indicios apuntan en esa dirección: ingresos que no se condicen con el nivel patrimonial, transferencias millonarias sin rendición comprobable y retiros de efectivo sin justificación, entre otros elementos.
La causa cuenta con un extenso cúmulo probatorio que incluye informes de la AFIP, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Gendarmería, registros de la propiedad, pericias contables, documentación bancaria y declaraciones testimoniales. En paralelo, Sena y Acuña enfrentan otra causa por trata de personas con fines de explotación laboral —en la que fueron procesados en febrero pasado— y diversas denuncias por fraude a la administración pública.
En su presentación, Sabadini también contextualiza el accionar de los imputados dentro de un entramado político más amplio. Parte de los involucrados, incluidos Sena, Acuña y otros miembros de su círculo cercano, fueron candidatos en las últimas elecciones provinciales, como aliados del gobierno anterior. Para el fiscal, ello refuerza la hipótesis de una estructura que combinó poder territorial, manejo de recursos estatales y consolidación patrimonial, al margen de los controles administrativos y judiciales.
De este modo, la Justicia federal avanza en una de las investigaciones más sensibles de los últimos años en el Chaco, con derivaciones políticas, judiciales y sociales de alto impacto en una provincia atravesada por denuncias de corrupción, clientelismo y violencia estructural.
