El Banco de Galicia fue condenado a pagar una indemnización total de $63.422.240,40 más intereses, tras haber sido hallado responsable por una estafa virtual sufrida por la empresa BULCA S.R.L., dedicada a la producción de arándanos en la ciudad de Bella Vista.
La sentencia fue dictada por el Juzgado Civil, Comercial, Laboral, de Familia, Niñez y Adolescencia de Bella Vista, y sienta un precedente judicial histórico en la provincia de Corrientes en materia de estafas electrónicas y responsabilidad bancaria.
El hecho ocurrió el 2 de diciembre de 2022, cuando desde la cuenta corriente de la empresa se realizaron diez transferencias no autorizadas, por un total de $9.997.933,70, hacia cuentas de terceros. La maniobra fue detectada rápidamente y denunciada tanto a la policía como al banco. Sin embargo, la entidad no logró revertir las operaciones ni brindar una solución adecuada.
Las pericias informáticas y contables demostraron que se trató de un caso de phishing, ejecutado desde otra localidad, y que el banco no activó medidas de seguridad básicas ante movimientos inusuales de dinero.
La jueza a cargo del caso consideró que el banco incumplió su deber de custodia sobre los fondos de sus clientes y que no puede trasladar la responsabilidad al usuario afectado. En consecuencia, dispuso que el Banco Galicia (Sucursal Goya) abone las siguientes sumas:
- $9.997.933,70 por las transferencias no autorizadas.
- $749.000 por daños emergentes (gastos judiciales y periciales).
- $17.440.728,72 por pérdida de oportunidad financiera.
- $35.234.578 en concepto de daño punitivo, como sanción ejemplificadora.
Además, la entidad deberá abonar los intereses correspondientes hasta la cancelación total de la deuda.
La sentencia reafirma el principio de responsabilidad objetiva de los bancos en casos de fraudes electrónicos, estableciendo que las entidades financieras deben garantizar no solo la operatividad de sus plataformas digitales, sino también su seguridad y confiabilidad.
Este fallo se suma a una creciente jurisprudencia que exige a las entidades bancarias mayores estándares de protección y respuesta ante delitos informáticos, tanto para usuarios particulares como para empresas.
