El Ministerio de Educación del Chaco anunció que apelará la medida cautelar dictada por el Juzgado Civil y Comercial N°21, que ordena al Estado provincial continuar pagando los sueldos de docentes pertenecientes a la Fundación Valdocco, pese a que muchos de ellos no viven ni trabajan en la provincia.
La ministra de Educación, Sofía Naidenoff, y el secretario coordinador de Gabinete, Livio Gutiérrez, brindaron una conferencia de prensa en la que informaron que la institución —con sede en General Vedia y Comandancia Frías— fue clausurada por una serie de irregularidades administrativas y educativas.
Una erogación de más de 124 millones de pesos mensuales
Naidenoff explicó que la Fundación Valdocco, originaria de Santa Cruz, se instaló en el Chaco en 2010 con una unidad educativa privada y un albergue estudiantil. Según los registros oficiales, el Estado chaqueño destinaba más de 124 millones de pesos mensuales para el pago de sueldos de más de 70 docentes, varios de los cuales residían en otras provincias.
“Constatamos que 78 docentes cobraban en simultáneo en Santa Cruz y en Chaco”, afirmó la ministra. “Ante esa situación se inició una investigación y, al no recibir documentación respaldatoria, el Ministerio dispuso dar de baja los cargos y clausurar la institución”.
Además, señaló que la medida cautelar dictada por el juez “obliga al Ministerio a seguir pagando”, por lo que el Gobierno apelará la resolución para evitar “astreintes”, es decir, sanciones económicas que debería afrontar la provincia si no cumple con la orden judicial.
Denuncia penal por defraudación al Estado
Por su parte, el secretario de Gabinete, Livio Gutiérrez, informó que el Ejecutivo provincial presentó una denuncia penal ante la Fiscalía N°2 por defraudación al Estado, ya que “más de 70 docentes figuran como empleados de la Fundación en Chaco, pero viven en otras jurisdicciones, como Formosa, Santa Cruz o la Ciudad de Buenos Aires”.
“Un juez nos está pidiendo que le paguemos sueldos a personas que ni siquiera están radicadas en la provincia”, sostuvo Gutiérrez, y remarcó que el Gobierno “espera que los informes judiciales sean contundentes para evitar que se destinen cerca de 130 millones de pesos a personas que no trabajan en el Chaco”.
Irregularidades y situación de los menores
El director general de Educación Pública de Gestión Privada, Gustavo Ereño, detalló que tras la investigación se confirmó que la institución solo funciona en General Vedia, con 25 alumnos del nivel primario en situación de albergue.
El Ministerio intervino junto con la Unidad de Protección de Infancias (UPI), ya que el establecimiento funcionaba bajo la figura de “tratamiento terapéutico”, modalidad que no está contemplada en el sistema educativo formal.
Ereño señaló además que de los 99 agentes declarados por la Fundación, apenas 10 trabajan efectivamente en General Vedia, mientras que el resto reside fuera del Chaco. También confirmó que no se pudo acreditar el funcionamiento de los niveles secundario y superior, y que la institución no respondió a los seis requerimientos de documentación enviados por el Ministerio en los últimos dos meses.
“Detectamos un sistema totalmente irregular, sin documentación, con docentes que no están en la provincia y sin alumnos en una de sus sedes. Por eso se procedió a la clausura y al resguardo de los menores”, concluyó el funcionario.
