Este lunes, el Equipo Fiscal Especial que intervino en la causa por el femicidio de Cecilia Strzyzowski ofreció una conferencia de prensa en el Centro de Estudios Judiciales, ubicado en Juan B. Justo 42. Durante el encuentro, el fiscal Martín Bogado abordó el proceso para obtener el acta de defunción de Cecilia, así como el contexto de amenazas enfrentadas por el equipo fiscal.
Bogado explicó que, según la normativa vigente, «pasados tres meses del fallecimiento de una persona, si no se confeccionó el acta de defunción, la inscripción debe ser judicial y debe ser llevada por un juez». Confirmó que uno de los planteos a presentar en la audiencia de cesura —programada para el 26 de noviembre a las 9— será solicitar a la jueza Dolly Fernández la inscripción del fallecimiento con el motivo de femicidio, además de comunicar al Registro Civil para que la familia pueda acceder al certificado de defunción.
El procurador general adjunto, Miguel Fonteina, expuso sobre las amenazas que enfrentó el equipo fiscal durante el juicio, señalando que la complejidad del caso no solo radica en el delito, sino también en las influencias de actores poderosos. Detalló dos situaciones relevantes: la detención de un abogado del equipo de Ricardo Osuna que intentó filmar y filtrar imágenes del jurado popular, y la solicitud de custodia para los fiscales y la jueza Dolly Fernández al Ministerio de Seguridad del Chaco, para garantizar un desarrollo tranquilo del juicio.
Por su parte, la fiscal de Investigación Nº 5, Nelia Velázquez, destacó que, a pesar del impacto político y social de la causa, el equipo judicial trabajó sin presiones externas: «En ningún momento tuvimos presiones políticas o de nuestros jefes o de ninguno de los poderes del Estado. Pudimos trabajar de manera tranquila, sin presión alguna», subrayó.
