El Gobierno designó a Joaquín Ignacio Mogaburu como nuevo subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, tras la renuncia de Alberto Baños. La confirmación llegó de la mano del secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien aseguró que esta nueva etapa apunta a “ordenar y desideologizar” el área.
“Desde este 10 de diciembre, el área será liderada por el Dr. Joaquín Mogaburu”, anunció Amerio, destacando que su llegada acompaña el relanzamiento de la gestión impulsada por el presidente Javier Milei y la agenda de reformas estructurales que el Ejecutivo busca aprobar antes de fin de año.
Un recambio con mensaje político
Amerio sostuvo que Mogaburu “tiene la claridad y la convicción necesarias” para aplicar las directrices del Presidente. Además, recordó que en los últimos dos años se redujeron 14 cargos jerárquicos —incluida la transformación de la Secretaría de Derechos Humanos en Subsecretaría— y que la planta de personal se redujo a la mitad, lo que representó un ahorro anual estimado en $13.550 millones.
Según afirmó, la nueva gestión profundizará el “ordenamiento” del área, con el objetivo de garantizar “una administración más transparente y responsable”.
Quién es Joaquín Mogaburu
Mogaburu es abogado especializado en derechos humanos y derecho penal, con formación en la Universidad Católica Argentina, la Universidad de Navarra y el Washington College of Law. Su trayectoria incluye:
- Cargos en tribunales federales y organismos internacionales.
- Experiencia en el Poder Judicial y el Ministerio de Defensa.
- Docencia universitaria en derecho, historia y derechos humanos.
- Participación en concursos judiciales con reconocimientos y conformación de ternas.
- Producción académica sobre debido proceso, censura previa, derecho a la alimentación y corrupción.
Además, fue visitante profesional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La designación, en medio de un paquete de reformas clave
El nombramiento coincide con el inicio del nuevo período de sesiones extraordinarias, donde el Gobierno enviará al Congreso un conjunto de proyectos centrales para su estrategia política y económica:
- Presupuesto 2026: definirá los recursos y gastos del Estado para el próximo año.
- Iniciativas fiscales: incluyen la Ley de Inocencia Fiscal y la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, orientadas a modificar el esquema tributario y sostener las metas financieras del Ejecutivo.
- Modernización laboral: un proyecto para actualizar el régimen laboral, que anticipa un intenso debate político y sindical.
- Reforma del Código Penal: apunta a revisar definiciones y penas, con foco en delitos que el oficialismo considera prioritarios.
- Modificación de la Ley de Glaciares: propone revisar los presupuestos mínimos para glaciares y ambiente periglacial, lo que ya generó advertencias de organizaciones ambientales por su posible impacto en ecosistemas de alta montaña.
Con este movimiento, el Gobierno busca consolidar su equipo en Derechos Humanos en un momento de fuerte impulso legislativo y cambios estructurales.
