Las dos centrales sindicales, la CTA de los Trabajadores (CTA-T) y la CTA Autónoma (CTA-A), expresaron este miércoles su rechazo absoluto al proyecto de Ley de Modernización Laboral que el Gobierno envió al Senado. Según afirmaron, la iniciativa “no moderniza nada”, sino que representa “una reforma redactada por estudios jurídicos de grandes grupos empresarios”.
En un documento difundido públicamente, las organizaciones sindicales sostuvieron que el proyecto oficial debilita derechos laborales fundamentales, facilita el fraude al modificar la presunción de relación de dependencia, promueve la tercerización “irresponsable”, habilita esquemas de salarios dinámicos que “destruyen la estabilidad” y abarata los despidos a costa del Estado, lo cual —advirtieron— tendría un impacto negativo en el sistema previsional. Además, señalaron que la propuesta vulnera garantías constitucionales como el derecho a vacaciones, la jornada laboral y la acción sindical.
Las CTA alertaron que la reforma “profundizará la informalidad, reducirá el poder adquisitivo y agravará la crisis económica”, al considerar que está basada en un “modelo que prioriza los intereses del gran capital por sobre un país productivo e integrado”.
En paralelo, ambas centrales mantenían reuniones con legisladores del interbloque Unión por la Patria en el Senado —encabezado por José Mayans y Juliana Di Tullio— y previamente con diputados del mismo espacio político, con el objetivo de coordinar estrategias para frenar el paquete de leyes impulsado por el oficialismo.
Finalmente, la CTA-T y la CTA-A anunciaron que se declaran en estado de movilización permanente y convocaron a marchar el 18 de diciembre hacia Plaza de Mayo y las principales plazas del país, junto a la CGT, para exigir el rechazo parlamentario del proyecto.
El comunicado lleva las firmas de Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, y Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores.
